Los dos proyectos que envió el Gobierno provincial a la Cámara de Diputados

El pasado jueves se realizó en Río Gallegos una nueva sesión ordinaria en la Cámara de Diputados. Si bien toda la agenda se centró en la aprobación y sanción de la creación del Ministerio de Igualdad –que se votó por mayoría y no sin polémica en el recinto- otras cuestiones políticas inherentes al Gobierno provincial también fueron tratadas. El primero de ellos es el proyecto enviado por el Gobierno de Alicia Kirchner para aprobar el consenso fiscal 2021, acordado con el Gobierno provincial el pasado 17 de diciembre, siendo ratificado por la provincia el 20 de enero del corriente.

Mediante el mismo se pretende instrumentar una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones suscribientes a fin de que las decisiones se adopten en un marco de estabilidad jurídica que se asegure una armonización tributaria.

En tal marco se consensúa entre las partes la implementación de una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la consecuente generación de empleo formal en el sector privado, condiciones necesarias para reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que en materia de desarrollo económico y social existe entre las distintas jurisdicciones suscribientes.

Asimismo, el acuerdo pretende consolidar la redistribución de la carga impositiva de manera tal que tengan mayor incidencia los impuestos patrimoniales y puedan compensarse las eventuales reducciones de la recaudación provenientes de la imposición sobre actividades productivas y el consumo, a fin de evitar la aparición de desequilibrios financieros que atenten contra la estabilidad a nivel macroeconómico.

Administración

En materia de administración tributaria, el acuerdo impulsa “promover el intercambio de información de naturaleza tributaria sobre los contribuyentes” de las distintas jurisdicciones con el objetivo de mejorar “las capacidades de gestión y potenciar el cumplimiento tributario por parte de los y las contribuyentes a escala nacional, provincial y municipal, en el marco del federalismo fiscal vigente”.

En relación con el Impuesto de Sellos, establece una alícuota máxima del 3,5% a la transferencia de inmuebles; del 3% a la de automotores; y del 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo. En tanto, no están sujetos a alícuota máxima “los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar”.

El entendimiento estipula además que, en el transcurso de 2022, las provincias y CABA deberán legislar sobre un impuesto “a todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una trasmisión o acto de esa naturaleza”.

Entre otros ejes, el nuevo Consenso Fiscal invita a las jurisdicciones a abstenerse por el período de un año de iniciar procesos judiciales, así como suspender los ya iniciados por el mismo período de tiempo.

El otro organismo

Por otra parte, el Ejecutivo presentó el proyecto de ley de creación de un nuevo organismo que tendrá competencia para autorizar, registrar y fiscalizar el funcionamiento en nuestra provincia de personas jurídicas privadas como las sociedades, las asociaciones civiles y las fundaciones. La iniciativa procura asimismo lograr la actualización en la materia y adecuación a la normativa que fuera incluida en la reforma del Código Civil y Comercial de la República Argentina.

En efecto, la normativa provincial sobre registración, conformidad administrativa, autorización o fiscalización de las personas jurídicas privadas que se constituyan u operen dentro del ámbito territorial de la provincia de Santa Cruz, “se encuentra desactualizada en relación a los grandes cambios legislativos operados en los últimos años tornándose inexorable su adecuación”, señalaron desde el Ejecutivo.

Es que, “tanto el giro comercial de las empresas, las nuevas formas societarias, los cambios operados de hecho y de derecho en las actuaciones de las asociaciones civiles, la utilización de fundaciones con fines no tan altruistas como los pretendidos, nos imponen necesariamente una revisión del sistema actual. Como así también una tendencia a la especialización en la materia. Se debe recordar que aquel sistema de control sobre la actuación de las personas jurídicas fue ideado hace más de cuarenta años en una realidad y contexto nacional e internacional absolutamente disímil a la que hoy nos encontramos”, cierra la iniciativa.