Ley integral de HIV y alivio fiscal

En la noche del jueves se realizó una jornada histórica en el Senado de la Nación, con legisladores santacruceños como protagonistas. Trataron y aprobaron proyectos tanto de índole sanitaria como económica, no sin dejar espacio para la chicana, la discusión y el ida y vuelta de la política en la Cámara Alta. La sesión fue presidida por la vicepresidenta Cristina Fernández y se trataron temas claves para el país en diferentes áreas.

Con la presencia de madres y padres de niños y adolescentes con cáncer, el Senado sancionó este jueves por unanimidad (64 votos positivos) la Ley de Oncopediatría, que prevé una serie de beneficios y asistencia económica -mientras dure el tratamiento- para las familias más vulnerables.

La flamante ley establece la creación del “Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer”, con el objetivo de reducir la morbimortalidad por esta enfermedad y garantizar los derechos de los pacientes.

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Entre esos derechos, algunos de los que se enumeran son: recibir los mejores cuidados disponibles, priorizando el tratamiento ambulatorio, siendo la estancia en el hospital lo más breve posible de acuerdo al tratamiento; estar acompañado/a de sus referentes familiares o de cuidado, sin que les comporte costos adicionales ni obstaculice el tratamiento; recibir información sobre su enfermedad y su tratamiento, de una forma que pueda comprenderla con facilidad y pudiendo tomar decisiones, con la asistencia de sus progenitores cuando fuera necesario. En este primer proyecto, los legisladores santacruceños votaron a favor.

Por otra parte, convirtió en ley este jueves el proyecto de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de Transmisión Sexual y Tuberculosis que deroga la actual norma 23.798 sancionada en 1990. La iniciativa obtuvo 60 votos a favor y uno solo en contra del senador Humberto Schiavoni, jefe del bloque Pro.

A través de la nueva norma queda derogada la Ley 23.798, que había declarado de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990.

Además del VIH, la nueva ley incorpora a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

De acuerdo al texto, se prevé “la respuesta integral e intersectorial” y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-.

La norma prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral.

Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas. Como en el anterior caso, las manos se alzaron a favor.

Alivio

Por último, el Senado sancionó por unanimidad (60 votos positivos) el Alivio Fiscal para trabajadores monotributistas y autónomos en la noche de este jueves.

El proyecto había salido de Diputados, donde fue impulsado por el presidente de ese cuerpo, Sergio Massa, en acompañamiento de legisladores del oficialismo y la oposición, el pasado 15 de junio, también por unanimidad.

La flamante norma, que rápidamente será promulgada por el Poder Ejecutivo ya que se votó al filo de la fecha para que, a partir del 1º de julio, rija la nueva actualización, establece que los montos máximos de facturación para las categorías A, B, C y D se actualizarán en un 60% y el resto -de la E a la K- en 29,12%, en función del coeficiente acumulado a junio de este año, y que combina los dos aumentos que hubo en las jubilaciones en el primer semestre.

De esta manera, los montos máximos para cada categoría serán: $748.382,07, para la A; $1.112.459,83, para la B; $1.557.443,75, para la C; $1.934.273,04, para la D; $2.277.684,56, para la E; $2.847.105,70, para la F; $3.416.526,83, para la G; $4.229.985,60, para la H; $4.734.330,03, para la I; $5.425.770,00, para la J; y $6.019.594,89, para la K.

Además, las categorías A y B estarán exentas del componente impositivo, que representa $288 y $555, respectivamente. Este beneficio aplicará a los monotributistas “puros”, es decir, a aquellos que no tienen otros ingresos, ya sea por jubilaciones, relación de dependencia, rentas financieras o alquiler de inmuebles, por ejemplo.

Con esta exención -que no afecta fondos de obras sociales ni seguridad social- se verán beneficiados unos 2,1 millones de monotributistas, el 47% del total.