La ley que no está vigente y puede impedir despidos

“Se perdió la vigencia” de la ley,  advirtió el comisionado de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga.

El reelecto comisionado fue quien reclamó en 2017 la aprobación de la ley hidrcarburífera en Santa Cruz. Cuando su vigencia finalizó en diciembre de ese año, a los pocos días, inicios de 2018, hubo  500 despidos en YPF.

La Cámara volvió a sancionarla –incorporó a YCRT- y el Ejecutivo la promulgó en febrero del año pasado.

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“Esa ley venció el 31 de diciembre de 2018  y en 2019 volvía a insistir, aunque no tuvimos el mismo escenario ya que morigeró un poco la situación”, dijo a TiempoSur.

“En esta nueva instancia (del país) no avizoro que pueda darse una situación similar porque es otro el escenario y otra la vocación, que no es ir a favor de los que especulan y generar este tipo de situación a los empresarios, como sucede con SINOPEC, en donde me cansé de decir que hace un vaciamiento inmoral de los yacimientos y a nadie se le mueve un pelo”, vertió y recordó que solicitó la quita de su “licencia social”.

Apuntó que está a cargo de la “capital del petróleo” lo que implica “tener un mandamiento histórico y simbólico” para proteger no solo el recurso sino también a los trabajadores “que dependen del petróleo”.

Por ello, ratificó que de existir “despidos radicales, inmorales, caída de inversión, caída de las regalías de gas y petróleo como consecuencia de la falta de producción”, será “el primero” en volver  “a darle impulso a la ley”.

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La Ley

La ley que declaró la emergencia pública en materia hidrocarburífera implicó un control y revisión de los compromisos de inversión a los que están obligados las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de explotación de hidrocarburos existentes en la provincia de Santa Cruz”; la exigencia de “reactivación” de los programas de exploración y explotación para “sostener el empleo”; y la “absoluta prohibición de realizar despidos sin expresión de justa causa hasta tanto dure la emergencia declarada”.

También creó el Consejo Provincial Hidrocarburífero, integrado por el Ejecutivo, Legislativo, Intendentes, Comisionados de Fomento y Sindicatos, los que “deberán discutir la política hidrocarburífera provincial, problemáticas en temas laborales, ambientales y otros temas inherentes a esta actividad”.

Además facultó al Ejecutivo “a convocar a las empresas concesionarias de áreas de explotación hidrocarburífera de nuestra Provincia con el fin de celebrar un acuerdo en el que se contemple, por un plazo de ciento ochenta (180) días, suspender los despidos sin justa causa de trabajadores que se encuentren en relación de dependencia directa con ella y los de sus contratistas”.