Columna de Opinión

Gobernar el futuro

Por Rubén Zárate.

Rubén Zárate.
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Si consideramos que el incendio en la provincia de Corrientes es el primero generado por el Cambio Climático en la zona más húmeda de Argentina, abordar la protección de biodiversidad como servicios ecosistémicos constituye un requisito para diseñar una nueva generación de políticas públicas ambientales. Los números alientan la hipótesis, entre 1993 y 2019, los incendios de bosques nativos, bosques implantados, zonas arbustivas y pastizales sumaron 197.981,23 hectáreas y ahora en apenas dos meses ya superan las 900.000 hectáreas quemadas.

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos.

El incendio de bosques y pastizales es una verdadera catástrofe del ecosistema correntino. La pérdida de biodiversidad, fauna y flora silvestre son incalculables. El informe “Evolución de las áreas quemadas en Corrientes según coberturas vegetales” del INTA del 21 de febrero,  basado en lecturas satelitales, elaborado por el EEA Corrientes registró 934.238 hectáreas quemadas, lo que equivale al 11 % de superficie provincial. Algunos lugares como San Miguel llegaban a tener más del 30% de su territorio quemado.

La crítica desmesurada a los organismos provinciales y nacionales, en particular a lo hecho por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación no se compadece con la constatación que en general se apegó a los protocolos existentes para su accionar. Tampoco es justo o inteligente disminuir el valor de los esfuerzos del voluntariado, tanto el realizado de cara al fuego como el referido a los aportes de ¨influencers¨ consiguiendo donaciones.

Sin embargo, a la luz de los resultados es necesario revisar aspectos que enmarcan las acciones de mediano y largo plazo, en particular evaluar todo desde el criterio de estrategia pública que indica que, ante un escenario de incremento constatado del riesgo, lo que no se hizo en prevención, se arrastra como inercia conceptual y operativa cuando la catástrofe sorprende.

La crítica de los medios señalando que los intereses políticos dificultaron la coordinación de  acciones entre la provincia y la nación para combatir desde el inicio el incendio no es correcta. Es más acertado revisar la debilidad político-técnica para evaluar la magnitud y aceleración del riesgo de los distintos ecosistemas y prepararse para actuar en un contexto de agudización de los fenómenos asociados al Cambio Climático.

Es cierto que por manda constitucional, la responsabilidad primaria a nivel jurisdiccional para la protección de los bienes naturales recae en las provincias, pero ya son muchos los ejemplos desde 1994, que sugieren que el Estado en todas sus jurisdicciones precisa actualizar sus enfoques y sus sistemas operativos para abordar el riesgo ambiental. Es imprescindible pasar urgente de un enfoque clásico de impactos ambientales a uno de gestión integral de servicios ecosistémicos.

Un ejemplo ilustra esta situación. El Centro Aguará gestionado por el gobierno de Corrientes es el único que atiende fauna silvestre en riesgo y está basado principalmente en el esfuerzo de pasantes y voluntarios, que aun siendo altamente profesionales, no siempre cuentan con la infraestructura, equipamiento e insumos suficientes para hacer frente a la magnitud de la crisis. Esta situación local, útil para otras escalas de problemas, se agudizó por la debilidad estructural de los organismos nacionales de fauna silvestre para abordar catástrofes de esta magnitud.

Será necesario al menos instrumentar una red de profesionales veterinarios en campo para hacer las primeras curaciones y estabilizaciones en animales heridos por el incendio y dotarlos con la logística necesaria para movilizarse a cientos de kilómetros y tener sitios de alojamiento para recuperación y retorno posterior al medio silvestre. Poner sobre la mesa este tipo de cooperación sistémica  e interjurisdiccional no es menor, el transporte y cuidado de fauna silvestre, aún en situación de emergencia, debe ser realizado por organismos y personal autorizado y entrenados.

La controversia persistente entre la gestión de bosques implantados y bosques nativos puede ser otro ejemplo, desde esta perspectiva de los servicios ecosistémicos al menos es necesario evaluar la unificación de los organismos de administración o por lo menos de nuevas regulaciones que exijan una coordinación sistémica, no solo ante la emergencia, sino en todas las etapas de la planificación, ejecución y evaluación del riesgo ambiental. Actualmente, se encuentran en distintos ministerios, pero nadie puede dudar de sus interacciones específicas en el territorio, incluyendo en aspectos críticos como el balance hídrico de las zonas, como se observó estos dos años de sequía en Corrientes.

Un derivado no previsto de las inversiones forestales y los sistemas de certificaciones adecuados que incluyen las inversiones en seguridad ante incendios, es que algunas provincias tienden a dejar esos aspectos centrales para el cuidado de los bienes públicos en manos privadas sin los enfoques de gobernanza necesarias ni las regulaciones requeridas. En tal sentido el fortalecimiento de las áreas de bosques provinciales es un requisito para la mejora, pero no será eficaz sin un cambio de enfoque en la gestión interjurisdiccional que seguramente involucrará algunas adecuaciones en el Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Educación y enfoques técnicos.

Si bien estos cambios conceptuales y técnicos sobre los servicios ecosistémicos, la complejidad y la biodiversidad se comienzan a observar en el nivel de posgrado y más incipientes en el nivel de grado universitario, los cambios curriculares son recientes. La ausencia de espacios interdisciplinarios que involucren estudios sobre los ecosistemas de forma integral en carreras forestales, agronómicas o veterinarias deberá ser revisada.

Algunas carreras como Ciencias Veterinarias de la UBA, muy orientada a la producción y una de las mejores de América en esa especialidad, recién ha comenzado a abrirse a la formación de la fauna silvestre. Esto se refleja en que los profesionales más activos en fauna silvestre, se han formado en otros países sobre estos temas.

El cambio climático ha permitido avances científicos de amplios consensos al considerar que todas las actividades antrópicas modifican el funcionamiento del ecosistema, incorporan una alteración, se intercambia energía y materia con el medio de una manera distinta, e incluso interactúa con la atmósfera de forma cambiante, dejando huellas ecológicas que en las últimas décadas han tenido balances negativos.

La búsqueda de beneficios no es neutra en términos de biodiversidad. Las funciones de producción que los sustentan están siempre asociadas a la trasformación del territorio y a cambios en el funcionamiento de ecosistémicos que siempre ocurren en un contexto institucional, político, ideológico y tecnológico. La forma de como los humanos transformamos, condiciona las posibilidades de restauración y la resiliencia de cada territorio.

Gobernar el futuro.

En estos temas no se gobierna el presente, se gobierna el futuro donde cada acción, si no se cambia a tiempo solo va a ingresar a una cuenta intergeneracional que incrementa el riesgo ambiental y que se pagará con más catástrofes. La evaluación primaria de estos incendios muestra que se han puesto en riesgo aspectos estructurales y funcionales de ecosistemas muy delicados utilizados pasiva o activamente para la obtención de beneficios productivos y de hábitat. Si la reflexión puede ser global y de alta calidad como hemos visto estos años, todo debe prepararse en la política pública para la acción local y territorial.  

La industria forestal basada en especies de crecimiento rápido y uso intensivo de recursos hídricos, la ganadería con prácticas ancestrales de manejos arbustivos y pastizales mediante incendios controlados, el turismo masivo y otras actividades económicas deben ser incluidas en los balances de los servicios ecosistémicos para que sus beneficios no conspiren con la calidad de los ecosistemas. Muchas prácticas deben revisarse porque han cambiado las condiciones climáticas y hacerlo incrementará las capacidades para prevenir y actuar en la emergencia simultáneamente.

Si bien existe un discurso que avanza en estos temas, los mismos no se ven reflejados en normas, regulaciones, sistemas operativos y preparación profesional que incluyan la cooperación y la gobernanza ante la complejidad, considerando las formas distintas de abordaje en gradientes de trasformación del paisaje que van desde ¨todo silvestre¨ a ¨todo productivo¨ sin que sean incompatibles. Todo indica que lo mismo pero más ya no alcanza.

 

Rubèn Zarate es Profesor Titular e Investigador I del Instituto de Economía, Territorio y Empleo de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 

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