Escándalo en el PRO: Denuncia penal por falsificación de firmas al interventor del partido

Sandra Lucena, quien fue candidata a Diputada Provincial por la agrupación Consenso del PRO, denunció ayer penalmente al interventor del partido, Enrique Braun, al presidente de la Junta Electoral, José Maldonado, y al 1° vocal titular de la junta, Juan José Anglesio, por la supuesta falsificación de su firma, defraudación y adulteración de documento. (Los delitos que les imputan, según la denuncia, son los Artículos 172, 173 Inciso 8; 292 y 296 del Código Penal).

Es que su nombre y firma figuran en un cargo suplente de la Lista Amarilla, la que fue proclamada ganadora de la elección del partido.

La presentación fue realizada ante la Fiscalía del Dr. Ariel Candia hasta que se resuelva si la competencia corresponde al Juzgado Federal de Río Gallegos.

Originalmente la elección debía realizarse el 22 de marzo -luego de estar intervenido el partido desde 2018- pero al existir una sola lista autorizada a competir, dado que las otras dos no cumplían con los requisitos establecidos para su presentación, fue proclamada ganadora y si bien fue ratificado por la Junta Electoral, no lo fue por la Justicia Electoral, debido al inicio del aislamiento social, obligatorio que implicó el inicio de la feria judicial en ese momento.

“Sandra Lucena se entera hace dos días  que fue elegida como asambleísta suplente por Las Heras, cuando ella jamás firmó nada ni prestó su consentimiento para participar. Incluso ella quería ser candidata a presidenta, pero la pusieron en un cargo suplente”, dijo Rosa Razuri, abogada que patrocina a Lucena.

La aceptación de cargo en el proceso eleccionario -añadió la letrada- debe contener la firma de la persona, por lo que advirtió que “falsificaron de forma evidente su firma”.

“Ella se enteró el 26, hace solo dos días, y además queda claro que pocos sabían de la realización de este proceso eleccionario”, añadió y sostuvo que si existió la publicación de la votación en un diario de Río Gallegos, no lo saben ya que éstos no llegan al interior provincial.

“Mi cliente fue candidata a diputada y no es una simple afiliada y al no tener conocimiento del proceso eleccionario, se violaron sus derechos partidarios”, abundó.

Pero la denuncia penal no será la única vía. La Dra. Razuri adelantó que también presentarán una demanda civil “con pruebas” por daños y perjuicios ya que “se creó un grave perjuicio al impedirle ser candidata y se violaron sus derechos políticos y constitucionales”.

Justamente la letrada, que por ahora es integrante del PRO aunque renunciará, recordó que su situación en el partido “fue un antecedente”.

La abogada iba ser proclamada presidenta en 2018 al ser la única en presentarse, pero el partido a nivel nacional decidió intervenir el PRO en Santa Cruz.

“El accionar es actuar bajo la defraudación y así ocupar cargos en donde el afiliado no se entera de lo que está pasando”, criticó.