Tras las elecciones

El procedimiento para que se realice una auditoría en la Caja de Servicios Sociales

El Tribunal de Cuentas, con mayoría de Vocales del Ejecutivo, debe ingresar en los acuerdos del organismo. Los vocales electos por los Activos y Pasivos, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, adelantaron que quieren conocer cuánto ingresa y cuánto egresa en las arcas de la CSS. La vía mediante el acceso a la Información Pública.  

  • 28/06/2022 • 07:30
Caja de Servicios Sociales.
Caja de Servicios Sociales.

Los recientes electos vocales por los Activos y Pasivos, Hugo Jerez y Beatriz Constantino, adelantaron que el primer objetivo será conocer cuánto ingresa y cuánto egresa en las arcas de la Caja de Servicios Sociales.

Para esto, el Tribunal de Cuentas debe realizar una auditoría que permitirá saber en concreto los recursos que maneja la obra social estatal.

En el Tribunal, cada Vocal tiene a cargo un área de la administración pública. La Dra. Romina Gaitán, por ejemplo, tiene a cargo el control de los municipios, pero el control de la Caja de Servicios Sociales está en manos de la Dra. Matilde Morales.

Entonces, si un Vocal del Ejecutivo, que tiene mayoría, no ingresa el pedido

de auditoría en los acuerdos -similar a una sesión de sus integrantes que se reúne todos los miércoles- la Vocal por la Minoría, Dra. Yanina Gribaudo no puede acceder a este informe.

 

Pero si los vocales Jerez y Constantino efectúan un pedido por mesa de entrada al Tribunal, allí sí Gribaudo podrá solicitar la realización de la auditoría. Morales puede negarse, pero para eso deberá argumentarlo.

"Me reuní con los vocales electos por la Caja y ellos van a realizar la presentación por mesa de entrada al Tribunal de Cuentas, como lo haría cualquier ciudadano, y allí podré solicitar la información directa a la Vocal por el Ejecutivo", detalló Gribaudo, e indicó que si bien la Vocal puede negarse "debe fundamentar la negativa, sobre todo si el pedido no solo es de mi parte sino de parte de dos Vocales electos de la Caja de Servicios Sociales". Este último pedido tendría una mayor legitimidad.  

Pero cualquier ciudadano puede realizar un pedido de acceso a la Información Pública, garantizado por la Ley 3540, para conocer cuáles son los números de la obra social.

Si esta información no se suministra, allí el pedido deberá judicializarse.

Los diputados también pueden aprobar un pedido de informe. De hecho, la oposición presentó proyectos en este sentido, aunque al contar con solo cuatro manos de un total de 24, nunca fueron aprobados.

"El kit de la cuestión es que el Tribunal funciona de esta forma porque está hecho a propósito, para cuidar a los funcionarios", advirtió Gribaudo.

Es que en otras provincias el control no está a cargo de quien debe ser controlado, como es el Ejecutivo, sino que de la oposición. Gribaudo recordó que así es el caso de la presidencia de la Auditoría  General de la Nación, en manos de Jesús Rodríguez. 

"Somos de las pocas provincias del país en donde el control del Tribunal de Cuentas está en manos del oficialismo provincial, ya que esto no sucede ni siquiera nivel nacional" marcó, y abundó que en Santa Cruz "se controlan ellos mismos".

El último expediente de la Caja de Servicios Sociales que ingresó al Tribunal de Cuentas fue en 2020 y por pedido de la vocal Morales. "Fue por un requerimiento de rendiciones adeudadas, es decir, documentación que le falta de ejercicios anteriores", precisó Gribaudo.

 

5 millones

“Necesitamos saber cuánta plata hay para así saber cuánto se puede gastar y, sobre todo, cuánto se adeuda, porque si no es imposible”, había manifestado Beatriz Constantino a TiempoSur. Remarcó que “es importantísimo que el afiliado sepa a dónde va su aporte, porque, así como cuida la tarjeta de crédito, debe saber sobre su obra social”.

Según el propio Interventor, sostuvo la Vocal por los Pasivos, se estima que la CCS tiene ingresos por 5 millones de dólares. “Son millones de pesos, es mucho dinero el que mueve la Caja y no puede ser que no tengamos Otorrinos, Odontólogos, o más especialidades; o que las personas discapacitadas no tengan la prestación que deben tener”, añadió