Causa Vialidad

Eduardo Barcesat: “Se trata de una causa nula"

Así lo aseguró el abogado constitucionalista respecto a la Causa Vialidad, siendo hoy un día decisivo para Cristina Fernández de Kirchner. Y es que tras años de espera, el Tribunal Oral N° 2 emitirá su veredicto. Los fundamentos serán revelados en el primer trimestre de 2023.

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En la jornada de este martes, el Tribunal Oral Federal N° 2 anunciará el veredicto en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, que tiene a Cristina Fernández de Kirchner como principal acusada por supuesta adjudicación ilícita de obras públicas en nuestra provincia. Vale aclarar que la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión para la actual vicepresidenta y el empresario Lázaro Báez.

En este sentido, Eduardo Barcesat dialogó con el programa el programa La Parada que se emite por Tiempo FM 97.5, y expresó “nos encontramos con una causa nula, porque quebranta el principio de la inviabilidad jurídica de la doble persecución penal. En esta causa, que se había iniciado años atrás en Comodoro Py de la Capital Federal, se declaró incompetente el juez que era Ercolini, y la envió a la Justicia Federal de la provincia de Santa Cruz. Allí se sobreseyó y quedó firme ese sobreseimiento”. Amplió a continuación: “Ahí aparece una rara maniobra para hacer intervenir a la casación federal de Comodoro Py, la que con medios hegemónicos de comunicación la reabren y se la reasignan a Ercolini para tratar de encontrar algún elemento incriminante”.

 

Al respecto, el abogado profundizó: “Todas las pruebas salieron de manera desfavorable a la fiscalía, sumado por los medios hegemónicos de comunicación social, y se hace un alegato sin aportar ningún elemento que se corresponda con el expediente”.

En relación a la figura de "asociación ilícita" aseveró que “es absolutamente inviable. Digo esto porque es una actividad estatal propia que transcurrió no solamente en el poder Ejecutivo sino también en el Congreso de la Nación a través de la Ley de Presupuesto. Su tratamiento fue aprobado por amplia mayoría en aquel momento, de manera que no había ninguna ilicitud de obrar desde el punto de vista de poder político administrador”.

“No hubo incumplimiento, las pequeñas observaciones que hubo fueron corregidas, los pagos se correspondían con los montos de las certificaciones reales. Y como en todo país donde hay precios deslizantes por ajustes por inflación, hubo que actualizar los importes de pago para satisfacer el valor de los trabajos realizados”, enfatizó Barcesat.

“El primer argumento para la desestimación de esta causa es el argumento de la nulidad con soporte constitucional. El otro sería para una absolución, la inexistencia de pruebas para el cargo porque no tienen argumentos para responder a las afirmaciones de la defensa”, remarcó al momento que indicó que “la Justicia tiene que ser idónea, independiente, imparcial y competente. Acá se han quebrado los cuatro valores”.

En otra línea, se refirió al encuentro en Lago Escondido entre jueces, fiscales, empresarios de medios y funcionarios, sobre esto aseguró: “Es una afectación al funcionamiento de la Justicia, esto rompe primero el principio constitucional. No se espera de un juez de la nación la posible aceptación de beneficios personales. Me llama la atención las conversaciones donde se habla cómo encubrir estos hechos, donde se habla de un encubrimiento cometido por funcionarios judiciales. Todo esto tiende a una figura más genérica, donde concursa con el encubrimiento agravado”, agregó.

“Esto es un episodio más que deplorable que muestra la trama real del lawfare que es la pata podrida del Poder Judicial, de los medios de comunicación hegemónicos, la instrucción del poder económico real, la actividad de espías, porque esos ex agentes son espías”, concluyó.

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