Debatieron por los gauchos de la pampa húmeda y los de la Patagonia

La Cámara de Diputados mejoró la performance de las últimas sesiones y ayer, en una jornada que duró un poco más de siete horas, discutieron varios proyectos, entre ellos el de la decisión del presidente Alberto Fernández de intervenir la empresa agro exportadora Vicentín.

Fue luego que el legislador de la bancada oficialista, Martín Chávez, presentara un proyecto solicitando el beneplácito de ese cuerpo a la decisión presidencial, el cual fue respaldado a pleno por el Frente de Todos y votado en contra o con abstenciones en el bloque opositor de Juntos por el Cambio.

Al defender su proyecto, Chávez expresó que en las últimas horas se ha visto en los medios cómo se ataca esta decisión del Estado nacional diciendo que es ilegal e inconstitucional y que va a traer perjuicios económicos. “Se olvidaron del artículo 18 de la Constitución Nacional y del 17 que establece el instituto de la expropiación como beneficio; y nuestra Constitución ampara la propiedad privada pero no hay derechos absolutos”, remarcó.

Chávez recordó que aun a sabiendas que era una empresa que venía con una crisis económica abultada, se le dio una enorme cantidad de recursos y ahora queda a la Justicia determinar si fue una quiebra fraudulenta. Destacó que el gobierno de Santa Fe apoya esta medida. “Hay distintas voces que se han opuesto, pero son las que le han otorgado más de 18 mil millones de pesos a una empresa que no tenía solvencia para devolverlos”, afirmó.

Por una “picardía”- Por su parte, el diputado Daniel Roquel (JxC) dijo que esta empresa estaba en concurso de acreedores, en la Justicia, por lo que “es el Poder Legislativo el que tendría que estar sancionando esto, no el Presidente que no es ni juez ni el Poder Legislativo. Hay que respetar la división de poderes”, enfatizó.

Luego, manifestó: “Es verdad que por alguna picardía de los dueños fugaban dinero al exterior y dejaban un pasivo importante, pero me parece que esto nos va a costar mucho más caro en el futuro como nos costó YPF que nos salió más de 3 mil millones su expropiación”, recordó.

Otro de los legisladores de la oposición, en este caso Javier Pérez Gallart anticipó que se iba a abstener en la votación, aunque con cierta ironía sostuvo que compartía la sensibilidad del diputado Chávez por los gauchos de la pampa húmeda, “pero me interesa mucho más los gauchos nuestros”, expresó al tiempo que pidió discutir el Banco de Santa Cruz, más precisamente el proyecto de su autoría, el Nº187.

“Comparto la visión social que tiene Chávez y la lectura de los artículos de la Constitución Nacional pero también hay que hacer una lectura del artículo 51 de la Constitución de la Provincia que no se está respetando; tenemos un banco que le está dando la espalda a los trabajadores de la provincia, a los empleados que son cautivos los tiene a tasa usuraria”, remarcó.

“Son ladrones”- Poco después respondió el diputado José Luis Garrido (FdT), el que refiriéndose a Roquel, expresó: “Me llama la atención lo que dice el diputado Roquel. No hay picardías, son ladrones. No importa ideológicamente de qué lado está uno, está constatado que fugaron capitales de la empresa” y expresó: “Acá estamos debatiendo sobre los intereses de la patria, nadie puede desconocer el crédito que se les dio y que ahora tenemos que pagar todos. Acá hay cosas que están bien y cosas que están mal, entonces creo que las que están bien hay que acompañarlas. Estoy seguro que Roquel y Pérez Gallart comparten la visión del Presidente porque va en beneficio del pueblo argentino”, sostuvo.

Por último, el diputado Matías Mazú apuntó contra la oposición a los que les reiteró que tienen que hacerse cargo que jugaron y votaron a Mauricio Macri. En la misma tónica, apuntó contra éstos al achacarles que fueron a levantar la mano para la ley de blanqueo y la condonación de deuda de Edenor y Edesur, 20 mil millones de pesos. “Y ahí no abrieron la boca, cuando fue casi la misma plata que le prestó el Estado a Vicentín”, enfatizó.

“Aplaudo la decisión del Presidente (…) lo real es que esa empresa le debe al Estado nacional mucha plata, que se presenta en concurso de acreedores y el Estado lo que hace es salir a rescatar a esa empresa para garantizar 7 mil puestos de trabajo y ver si la podemos poner de pie al servicio de los argentinos y de los alimentos de los argentinos, porque un país como el nuestro que genera alimento para 400 millones de personas, no puede ser que no le pueda dar alimento a 40 millones. Y esto tiene que ver con este tipo de empresas que no les importa un pito el argentino, no les importa para nada el ser humano, ni el criollo ni el gaucho de la pampa húmeda ni de la Patagonia”, manifestó.

Cabe destacar que en la sesión de ayer tomaron juramento a la nueva diputada Patricia Moreyra de Puerto San Julián, quien reemplazó a Nicolás Michudis.