Cómo CABA y la Corte perjudicaron a Santa Cruz

A mediados de mes, el fiscal de la provincia de Santa Cruz, Fernando Tanarro, se hizo presente en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Allí fue citado como testigo, a fin de dar cuenta sobre la causa "coparticipación" y el supuesto beneficio que dio la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con la devolución de puntos de fondos nacionales.

"Nosotros lo que expusimos fue la posición de Santa Cruz respecto a que ese mecanismo, que está establecido por una ley transitoria, fuese de alguna manera modificado por alguna resolución de las CSJ. Queremos que la Corte nos escuche y considere la posición de la provincia. Nos presentamos como amigos del Tribunal de acuerdo a la Corte, y decidió no escuchar a ninguna provincia y no resolver en consecuencia respecto de la medida", explicó Tanarro.

La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el Máximo Tribunal.

En este marco y en diálogo con TiempoSur, Tanarro recordó que se estableció de manera arbitraria de coparticipación para gastos de seguridad de la CABA. "Debían sufragarse por otros métodos. Esto implica que a fondos que Nación reparte de las provincias para obras quitarle un porcentaje importante que va destinado, por lo cual todas las provincias recibimos menos y hay obras que en algún momento van a tener que reforzarse", explicó el Fiscal de Estado.

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Indicó que todas las provincias tienen obras pendientes en este sentido, que en algún momento "se van a tener que reformular" para entregarse, indicando que se termina girando con este sentido dinero a CABA, que es la ciudad que más recibe per cápita.

"Es una cuestión potencial que tendrá que reformularse. Tenemos muchas obras con Nación y tienen que ver con rutas, con asfaltos y algunos proyectos, como viviendas. Esto de ahí en algún momento tendrá que cambiarse", recalcó.

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Perjudicar

En este marco, este medio consultó si hay intenciones por parte de CABA y la CSJ en connivencia, ya sea para beneficiar a la ciudad dirigida por Larreta o para perjudicar a los demás distritos. Tanarro indicó que "hay una clara intencionalidad de mejorar la situación de Buenos Aires en detrimento de otras jurisdicciones. Siempre que han tenido una cuestión, fundamentalmente desde 2015, se ha resuelto de manera favorable a la CABA. Hay una cosa que llama la atención: la celeridad con la que resuelven las cosas", indicó.

Explicó que la Corte resolvió este beneficio meses antes de una elección, donde el intendente de la ciudad es candidato a presidente y se le otorgó una masa coparticipable "importante". "Sí podemos hablar de una clara intencionalidad de favorecer a CABA", sentenció.

"La provincia firmó en su momento el pedido de juicio político. No solo por esta causal sino por la causal de mal desempeño de los 4 miembros. Si uno va analizando cómo ha ido desarrollándose, vemos que, con el tema de la obra social, de la Corte y el Poder Judicial, ha sido un escándalo lo que se ha podido demostrar", detalló.

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Lo advirtió Alicia

En enero de este año, Alicia Kirchner manifestó: "Queríamos ponerlos al tanto de por qué nuestra provincia se presenta pidiendo el juicio político a la Corte. Ayer se hizo a través de la Cámara de Diputados de la Provincia y estamos tratando de informar, y de la misma manera pedirles a ustedes que les informen a los Concejos Deliberantes, las organizaciones, a las asociaciones, por qué se ha tomado esta determinación". A la vez, indicó que a través de una determinación de la Corte Suprema se fijó que un porcentaje de 2.95 por ciento le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires. "Siempre digo que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 200 km2 de superficie, y nuestra provincia tiene 243.000 km2 de superficie, entran 1200 CABAs dentro de Santa Cruz y Santa Cruz está aportando al presupuesto nacional. Otra de las cosas que quiero destacar, es que se toma una medida cautelar después de dos años, cuando las medidas cautelares vencen a los 6 meses", remarcó.

Por otra parte, Alicia subrayó que es necesario que la gente esté bien informada al respecto, motivo por el cual solicitó a los jefes y jefas comunales que recaben toda la información necesaria.