Más aumentos

Audiencia Pública: el aumento de la tarifa del gas en la Patagonia

El 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de gas y electricidad. Las Asociaciones de Consumidores están a favor de la segmentación, pero advirtieron que no hay margen para más incrementos en el actual contexto, ya que la suba que regirá desde junio -que será por regiones- impactará en otros precios.

  • 04/05/2022 • 09:45
Las facturas a la espera de lo que se resuelva en la audiencia pública.
Las facturas a la espera de lo que se resuelva en la audiencia pública.

Los días 10, 11 y 12 de mayo se realizarán las audiencias públicas para la actualización de las tarifas de los servicios de gas y electricidad por redes, y la correspondiente a la segmentación de subsidios.

Corresponde al acuerdo firmado con el FMI que implica una reducción del déficit, que indefectiblemente alcanza a los subsidios.

Según el Gobierno nacional, en "promedio" el aumento será del 21,5% (según las regiones del país) para todos los usuarios del país. Pero esto dependerá de la segmentación del aumento, ya que el 10% de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio del subsidio a la energía.

"Nosotros no estamos en desacuerdo con la segmentación, porque el que tiene más ingresos debe abonar más, y es de acuerdo a la teoría de la pobreza energética que dice textualmente que no puede afectar entre el 10 y 15% para el pago de servicios. Entonces, a quien sólo le afecta el 1%, no debería aplicársele el subsidio", dijo a TiempoSur Osvaldo Bassano, referente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc). Junto con Paula Soldi, del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), y Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores (U y C) y otras seis entidades pidieron que el ministro de Economía, Martín Guzmán, encabece las audiencias en razón de que el funcionario es "la máxima autoridad responsable del área y quien llevó adelante las negociaciones con el organismo financiero internacional”.

Las asociaciones rechazaron un incremento en este contexto de inflación. El motivo: la suba de tarifas impactará en los alimentos.

"Primero obramos y después preguntamos", dijo Bassano al cuestionar la segmentación que adoptará el Gobierno, ya que "no sabemos si hay gente que tiene propiedades y no tiene ingresos, entonces cómo llegamos a que sea una segmentación justa", planteó.

La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por el aumento, y para aquellos usuarios de electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio.

Según el criterio de segmentación del Gobierno, el 10% que no serán beneficiados con el subsidio y abonarán tarifa plana, serán:

- Los que vivan en zonas geográficas que sean consideradas polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en base al valor del metro cuadrado. Esto incluye a los barrios privados.

-Tener un ingreso que supere el valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes. Este valor fue de $314.000 a marzo.

-Tener aviones o embarcaciones de lujo.

--Tener 3 o más inmuebles registrados.

Tener 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.

 

Bassano marcó dos puntos argumentativos. Primero, que "el FMI está obligando a que saquemos subsidios, aunque en Europa y Estados Unidos son los que más subsidian, y eso el ministro (Guzmán) debe explicarlo"; y segundo, "aún más profundo", es que "no se aclaró el costo de la energía y el gas". "Estamos enriqueciendo empresas porque no tenemos una estructura de costos, porque Argentina se rige en peso, pero las empresas quieren cobrar en dólares" reclamó, y sostuvo que "en boca de pozo el gas sale 2 dólares, no sale ni 7, ni 10 ni 15 dólares, y eso no se ve reflejado en el precio que nos cobran".

En la audiencia pública

-marcó- se deberá discutir ese precio de generación y dicho precio "va sobre la tarifa, que es fija, y eso va al usuario, y por eso ese 43% de la factura es subsidiada,  pero ese subsidio no sabemos cuánto es el costo real".

Si no hay acuerdo en la audiencia pública, Bassano no descartó que la suba se judicialice.

 

QUE SEA JUSTO

Paula Soldi, referente de CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) también remarcó que no está en contra de la segmentación, sino al contrario, "una justa reasignación de los recursos del Estado dirigidos a quienes lo necesitan", ya que el sistema actual "no funciona así, y debe estar basado en la equidad y solidaridad".

Pero Soldi advirtió que, dadas las circunstancias actuales, "no hay margen para más aumento".

"Esperamos se nos explique cuál será el impacto en el bolsillo de los usuarios y tomen en consideración con la postura de las Asociaciones de los Consumidores, que como observamos, repercutirá en el usuario, pero no sólo por la factura, sino que también se trasladará a otros precios y afectara doblemente", advirtió.

En concreto, el aumento "no está pautado", aunque Soldi señaló que a principios de este año ya hubo una suba que no impactara en la tarifa social, pero no se conoce exactamente de cuánto será para el sector medio (que según el Gobierno será del 21,5%).

Como se dijo anteriormente, será por regiones. No se sabe a ciencia cierta si se contemplará la región Patagónica debido al mayor uso de gas.

"Por regiones cómo afectará será informado en la audiencia. Aunque sea el FMI el que pedía los aumentos, es preocupante porque la situación en la que están los trabajadores no da para nuevos incrementos. La situación es delicada y no hay margen para más aumentos", indicó.