Tanarro alertó sobre la gravedad institucional en Santa Cruz
En diálogo con el programa “La Bisagra”, el abogado Fernando Tanarro calificó de inadmisible la vigilancia al jefe de Gabinete Pedro Luxen, ratificó la medida cautelar que frena el cese de tres juezas y criticó los nombramientos remotos y “por amiguismo” en áreas clave del Estado.
En una entrevista brindada al programa La Bisagra de Tiempo FM, el abogado Fernando Tanarro calificó de “absolutamente grave” la denuncia de espionaje que involucra al jefe de Gabinete provincial, Pedro Luxen.
El letrado advirtió que la situación excede los límites de un Estado democrático y remarcó que no se puede minimizar que el segundo funcionario en la línea de mando del Poder Ejecutivo afirme ser vigilado y tema por la integridad de su familia.
Durante el espacio radial, Tanarro respaldó la iniciativa parlamentaria para interpelar al ministro de Seguridad y a la Jefatura de la Policía en la Legislatura provincial, remarcando que la ciudadanía común queda en absoluta desprotección si desde las estructuras del propio Estado se naturalizan estas prácticas ilegales.
A lo largo de la emisión de “La Bisagra”, el abogado repasó también las novedades de la causa por la jubilación compulsiva de tres magistradas provinciales, confirmando que la Justicia otorgó una medida cautelar por 60 días.
Esta disposición suspende los efectos del decreto provincial, prohíbe el cese en sus funciones y frena cualquier intento de designar reemplazos. Tanarro denunció un “avasallamiento” sistemático sobre el Poder Judicial a través de presiones como pedidos de juri o juicios políticos contra fallos desfavorables, una maniobra que busca debilitar la independencia de los jueces y generar un blindaje de impunidad a favor del Poder Ejecutivo.
Por último, el letrado cuestionó duramente los criterios de designación en los organismos de control y altos tribunales, señalando que priman los favoritismos políticos por sobre los méritos académicos. En particular, catalogó como una aberración institucional que la exministra de Economía, Marilina Jaramillo, haya asumido la presidencia del Tribunal de Cuentas para auditar su propia gestión, incurriendo en una presunta violación a la Ley de Ética Pública. Tanarro sumó a la controversia el hecho de que Jaramillo ni siquiera reside en Río Gallegos —presumiblemente viviendo en Córdoba—, lo que vuelve imposible y desprolija la revisión presencial de los expedientes del Estado.