Sorpresa por jubilaciones: 27 afectados no habrían sido notificados
El vocal por los Activos de la Caja de Previsión Social, Cristian Sánchez, denunció irregularidades tras la aprobación express de 27 jubilaciones de oficio en una sesión extraordinaria. Entre los afectados se encuentran tres juezas del Tribunal Superior de Justicia que no habrían sido notificadas previamente, en una medida que, según advierten, busca desgastar al organismo para impulsar una reforma previsional.
En medio de una creciente controversia, el vocal por los Activos ante la Caja de Previsión Social (CPS), Cristian Sánchez, cuestionó severamente la aprobación de un paquete de jubilaciones alcanzadas por el Decreto 608/24. La decisión se hizo efectiva durante una reunión extraordinaria del Directorio celebrada el pasado viernes, en la cual se tramitaron 27 expedientes, entre los que figuran los de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ): René Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña Campos.
En declaraciones vertidas, el representante de los activos afirmó que los trámites “ya fueron firmados el día viernes” y que ahora la responsabilidad de la notificación formal recae sobre el empleador. Respecto a los alcances y la forma en que se enteraron los involucrados, Sánchez lanzó una contundente advertencia: “Hay 27 personas que ni siquiera sabían que se estaban jubilando”.
Cuestionamientos al procedimiento
Uno de los principales ejes de reclamo por parte de la vocalía se centra en la metodología utilizada para tratar los legajos. Sánchez señaló que el funcionamiento ordinario del organismo prevé el otorgamiento de beneficios jubilatorios y pensionarios únicamente durante las sesiones fijadas para los días miércoles.
Sin embargo, detalló que la convocatoria del viernes se realizó de manera imprevista mediante un mensaje de texto, sin precisar el temario a tratar a pesar de los pedidos de información previos. Al presentarse en la sede administrativa, los vocales fueron notificados directamente de la existencia de los 27 legajos listos para su resolución.
Sobre la aplicación del Decreto 608/24, el vocal recordó que la medida establece un plazo máximo de 180 días para que el personal afectado cesen en sus funciones, salvo excepciones puntuales. Asimismo, sostuvo que los reveses o resoluciones judiciales dictadas hasta la fecha no resolvieron la cuestión de fondo sobre la inconstitucionalidad de la norma.
“Lo dije en el 2024: este decreto estaba apuntado al Tribunal Superior de Justicia”, aseveró Sánchez, argumentando que la inclusión de las tres magistradas ratifica el objetivo original de la disposición gubernamental.
Alerta por posibles reformas previsionales
El representante de los trabajadores en el Directorio advirtió que el alcance de estas jubilaciones de oficio no se agotará en el ámbito del Poder Judicial, sino que se extenderá a otros agentes de la administración pública provincial que reúnan los requisitos previstos por la normativa. Ante este escenario, adelantó que mantendrá encuentros con los involucrados para analizar acciones futuras e indagar posibles perjuicios en el cálculo de los porcentajes jubilatorios.