Salud reclama deuda millonaria y podría suspender turnos programados

El Ministerio de Salud de Santa Cruz anunció que avanzará en el reclamo de una deuda cercana a los 12.000 millones de pesos que distintas obras sociales mantienen con hospitales públicos de la provincia. La medida fue analizada durante una jornada de trabajo encabezada por la ministra Lorena Ross junto a directores hospitalarios en la Sala Gregores de Río Gallegos.

El encuentro se realizó en el marco de la iniciativa impulsada por el gobernador Vidal para normalizar el patrimonio provincial y ordenar las cuentas del sistema sanitario. Durante la reunión se evaluó el impacto financiero que genera la falta de pago de las entidades de salud privadas y de seguridad social al sistema público.

Según explicaron desde la cartera sanitaria, la red asistencial atraviesa una situación compleja que excede lo estrictamente sanitario y responde a un desfasaje financiero estructural. En ese contexto, las autoridades señalaron que el sistema público terminó asumiendo, de manera involuntaria, el rol de financiador de las obras sociales.

El secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Simón Herrero, indicó que el diagnóstico realizado por la cartera es preocupante. De acuerdo a los datos expuestos durante la reunión, el 95% de las obras sociales mantiene deudas con hospitales públicos, con casos que acumulan hasta siete años de morosidad.

Ante este escenario, el Gobierno provincial inició un proceso de intimación formal a las prestadoras para exigir la regularización de los pagos. Herrero detalló que se enviaron notas y correos electrónicos a más de cien entidades, aunque la respuesta fue escasa.

“Solamente tres obras sociales de más de cien nos han contestado; el resto ha recibido, pero no ha dado respuesta”, afirmó el funcionario, quien además indicó que algunas de las entidades que respondieron intentaron modificar convenios vigentes que fueron diseñados para resguardar los intereses del sistema público.

La actual gestión busca avanzar en la firma de nuevos acuerdos que establezcan un marco jurídico y administrativo para regularizar la relación entre el sistema de salud provincial y las obras sociales. Según explicaron desde el Ministerio, esta iniciativa apunta a corregir falencias administrativas y burocráticas detectadas en los distintos hospitales de la provincia.

El objetivo es optimizar los recursos del sistema sanitario en un contexto económico complejo, garantizando la operatividad de los centros de salud en cada localidad.

En relación con el impacto que esta situación podría tener sobre los afiliados, las autoridades aclararon que se mantendrán las prestaciones de emergencia. “La cobertura de la guardia y de todas las urgencias va a seguir estando, cualquiera sea la obra social”, aseguró Herrero.

Sin embargo, advirtió que las atenciones programadas podrían suspenderse para aquellos afiliados cuyas obras sociales no regularicen su situación frente a la deuda y al nuevo esquema normativo que impulsa el Gobierno provincial.

Actualmente, solo la Caja de Servicios Sociales, el PAMI y la obra social UPCN —esta última en proceso de negociación— se encuentran exceptuadas de las posibles restricciones en turnos programados.

Desde el Ministerio de Salud señalaron que la intención final es evitar que el sistema público continúe absorbiendo costos que corresponden a prestadoras privadas, garantizando que los recursos del Estado se destinen a mejorar la infraestructura hospitalaria y la atención de los santacruceños.