Proponen un sistema provincial contra la violencia digital
La iniciativa contempla protocolos obligatorios, capacitación docente, equipos interdisciplinarios y un observatorio provincial para abordar casos de ciberbullying, grooming, sextorsión, difusión de imágenes íntimas y contenidos creados con inteligencia artificial.
La Cámara de Diputados comenzó a analizar un proyecto de ley que propone crear un Sistema Provincial para la Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en el Ámbito Educativo de Santa Cruz.
La iniciativa, presentada por el diputado José Luis Quiroga bajo el número 443, ingresó al circuito legislativo y el pasado jueves fue presentada y girada a comisiones para su análisis.
El proyecto alcanzaría a establecimientos educativos públicos y privados de todos los niveles y modalidades de la provincia y contempla situaciones como ciberacoso, grooming, sextorsión, doxing, difusión no consentida de imágenes íntimas, suplantación de identidad, discursos de odio y utilización de inteligencia artificial para generar contenidos dañinos o falsificados.
El Consejo Provincial de Educación sería la autoridad de aplicación y tendría a su cargo la elaboración de un Protocolo Provincial de Actuación, que debería establecer canales de denuncia, mecanismos de intervención y plazos que no podrían superar las 48 horas hábiles desde que la institución tome conocimiento de un hecho.
También se establece una capacitación obligatoria y anual para docentes, directivos y supervisores sobre violencia digital, ciudadanía digital, perspectiva de género, inteligencia artificial y estrategias de acompañamiento.
La propuesta incluye además la creación de un Programa Provincial de Ciudadanía Digital, actividades de formación destinadas a las familias y equipos interdisciplinarios conformados por profesionales de psicología, trabajo social y asesoramiento legal cuando sea necesario.
Finalmente, plantea crear un Observatorio Provincial y un registro estadístico para conocer la evolución de estas situaciones y elaborar políticas públicas, garantizando la protección y anonimización de los datos de niñas, niños y adolescentes.