Pedro Muñoz advirtió sobre la tensión política e institucional en Santa Cruz

En diálogo con La Sobremesa, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el diputado provincial Pedro Muñoz, de la Coalición Cívica ARI, analizó la crisis institucional que atraviesa Santa Cruz, marcada por enfrentamientos entre el Poder Judicial y el Legislativo, y por la polémica en torno a la ampliación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Muñoz consideró que la situación actual “trasciende lo jurídico” y responde a una disputa política más profunda. “Estamos metidos más que en una cuestión jurídica, en una cuestión política de alta tensión”, afirmó, señalando que el conflicto se manifiesta tanto entre poderes como dentro del propio Tribunal.

Respecto a la ley de ampliación del TSJ, el legislador recordó que se abstuvo durante la votación, pero aclaró que ningún diputado cuestionó la constitucionalidad de la norma. “La ley en sí, a mi entender y de la mayoría de los diputados, no fue cuestionada por ningún diputado en el carácter de la constitucionalidad que tenía”, explicó, aunque lamentó que no se haya generado un debate más amplio antes de su aprobación.

Uno de los puntos más controvertidos, según Muñoz, es la medida cautelar de cuatro meses dictada por el Tribunal para analizar la validez de la ley. El diputado expresó su preocupación por lo que considera una demora excesiva: “Que el Tribunal Superior me indique que va a meter una cautelar por cuatro meses para analizar si la ley es constitucional o no... los jueces recién están interpretando la Constitución ahora o hay una acción deliberada para extender más allá de un periodo razonable”, cuestionó. Calificó la situación como “escandalosa” y un “exceso total de la temporalidad de análisis”, al tiempo que sostuvo que refleja una falta de madurez institucional.

Consultado sobre el desafuero del diputado Fernando Españon, Muñoz lamentó la falta de quórum que impidió avanzar en la sesión extraordinaria. Señaló que existe consenso en el fondo del asunto, pero diferencias en la interpretación de la suspensión del cargo. “Desde el oficialismo se planteaba que estaban de acuerdo con el desafuero en función de la propia expresión del diputado en su momento, pero que no debía ser suspendido, sino que vaya y se presente al proceso judicial sin ser suspendido de la banca”, explicó. Recordó que la ley provincial prevé que el desafuero implica la suspensión automática, a diferencia de la legislación nacional.

Finalmente, el diputado se refirió a la restitución del procurador general Eduardo Sosa, respaldando el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordena su restitución desde 1997. “La que está fallando en este caso es nuestro órgano máximo y superior en toda la República Argentina, que es la Corte Suprema, diciendo que como Estado debemos cumplir la manda judicial”, enfatizó. Muñoz calificó de “arbitrariedad” la decisión de desplazar a Sosa en su momento y sostuvo que su restitución constituye no solo una obligación institucional, sino también una reparación personal.

El legislador cerró con un llamado a la responsabilidad política y al diálogo para reducir la tensión institucional. “Hay que bajar la espuma y buscar la estabilidad institucional en la provincia”, concluyó.