Muñoz anticipó que no acompañará el proyecto de emergencia habitacional

El diputado provincial Pedro Muñoz anticipó que, en su redacción actual, no acompañará el proyecto de emergencia habitacional que será tratado este jueves por la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

En declaraciones al programa La Parada, que se emite por Tiempo FM 97.5, el legislador reconoció que la provincia atraviesa una situación habitacional crítica, aunque sostuvo que la propuesta necesita modificaciones, mayores controles y un debate más profundo.

“En principio no voy a acompañar el proyecto en su estado actual por todas estas observaciones”, afirmó Muñoz. No obstante, aclaró que su posición definitiva dependerá de los cambios que pueda incorporar el autor de la iniciativa durante el tratamiento legislativo.

Cuestionamientos a las facultades otorgadas al Ejecutivo

Muñoz señaló que uno de los principales problemas del proyecto es la cantidad de facultades extraordinarias que serían delegadas al Poder Ejecutivo provincial.

“Se delegan demasiadas facultades extraordinarias y se sortean procedimientos que deberían estar sometidos a controles estrictos”, manifestó.

El diputado consideró que deberían modificarse especialmente los artículos tercero y cuarto, además de revisarse los puntos relacionados con la titularidad de las tierras y los procedimientos para la ejecución de obras.

También cuestionó que una iniciativa de estas características sea abordada en una sesión extraordinaria, al considerar que requiere la construcción de consensos políticos y técnicos.

“Tal como está redactado, requiere consensos y un debate mucho más profundo. Esto no implica desconocer la situación habitacional crítica”, aclaró.

Banco de tierras y facultades municipales

Otro de los puntos observados por Muñoz es la creación de un banco provincial de tierras.

El legislador sostuvo que antes de avanzar debe realizarse un relevamiento que permita determinar qué terrenos pertenecen a la Provincia, cuáles son propiedad de los municipios y cuáles se encuentran sujetos a procesos judiciales, sucesiones o posibles expropiaciones.

Advirtió que la medida podría generar conflictos con las facultades que tienen los municipios sobre las tierras ubicadas dentro de sus ejidos urbanos.

“Tiene que existir un relevamiento formal y detallado. Es necesario identificar los terrenos y determinar si pertenecen a la Provincia o a los municipios”, expresó.

En ese sentido, mencionó la situación del barrio San Benito de Río Gallegos, donde persiste un conflicto dominial que impide que numerosos vecinos puedan acceder a los títulos de propiedad de sus terrenos.

Reclamo de mayores controles sobre la obra pública

Muñoz también planteó reparos sobre los artículos destinados a agilizar los procedimientos de contratación y ejecución de viviendas.

El diputado recordó los antecedentes de planes habitacionales que recibieron financiamiento, anticipos y redeterminaciones de precios, pero que no fueron terminados.

Según indicó, de alrededor de 900 o 1.000 viviendas previstas en anteriores programas solamente se habrían concretado cerca de 200.

“Soy muy reticente cuando se habla de agilizar procedimientos vinculados con la obra pública, debido a los antecedentes que existen”, afirmó.

Muñoz aseguró que presentó denuncias penales por irregularidades en obras y reclamó conocer los resultados de las auditorías anunciadas al comienzo de la actual gestión provincial.

También sostuvo que existen antecedentes de obras certificadas y pagadas que no se corresponden con el nivel real de ejecución.

Como ejemplo mencionó la obra de la calle 22 de Río Gallegos, que, según afirmó, figura abonada hasta el cruce con la denominada Ruta de las Chimeneas, aunque los trabajos solamente habrían llegado hasta la calle 13.

Dudas sobre el financiamiento

El legislador señaló además que el proyecto no determina con suficiente claridad de dónde surgirán los recursos para implementar la emergencia habitacional.

Indicó que el Presupuesto provincial contempla alrededor de 40.000 millones de pesos para obra pública, una cifra equivalente aproximadamente al 1,2% del presupuesto total de Santa Cruz.

“El proyecto tampoco explica suficientemente de dónde obtendrá los recursos el Gobierno provincial”, afirmó.

Muñoz advirtió que la posibilidad de modificar partidas y trasladar fondos presupuestarios debe contar con los controles y autorizaciones correspondientes.

Una problemática habitacional crítica

Pese a sus cuestionamientos, el diputado reconoció que existe una necesidad concreta de ampliar el acceso a viviendas y alquileres.

Señaló que cerca del 30% de la población reside en propiedades alquiladas y que los bajos salarios dificultan tanto el pago mensual de un alquiler como el acceso a un crédito hipotecario.

“La principal dificultad es que los salarios no permiten afrontar un alquiler y mucho menos comprar una vivienda”, sostuvo.

Muñoz consideró que el proyecto debería recuperar propuestas realizadas anteriormente por organizaciones sindicales y establecer mecanismos transparentes para la adjudicación de tierras, viviendas y obras públicas.

“La situación crítica debe abordarse, pero requiere un trabajo serio y una propuesta superadora”, concluyó.