Las juezas del TSJ intimaron a la Caja de Previsión para que deje sin efecto sus jubilaciones
Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández rechazaron las resoluciones que les otorgaron la jubilación y reclamaron que sean retrotraídas en un plazo de 24 horas. Cuestionaron la legalidad y constitucionalidad de la medida y anticiparon acciones judiciales.
La disputa entre integrantes del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz y la Caja de Previsión Social (CPS) sumó este martes un nuevo capítulo. Las vocales Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández intimaron al organismo previsional para que deje sin efecto las resoluciones mediante las cuales se les concedió la jubilación ordinaria.
Las magistradas formalizaron el planteo luego de que la CPS resolviera el pasado 14 de agosto otorgar una serie de beneficios jubilatorios en el marco del Decreto Provincial N° 608/2024, entre los que quedaron incluidas las tres integrantes del máximo tribunal provincial.
La medida previsional fue firmada por el presidente de la Caja, Pablo Pérez, junto a los vocales por el Poder Ejecutivo Harold Bark y Paola Carrillo.
En el caso de Ludueña, la presentación fue realizada mediante carta documento dirigida a la CPS, en la que rechazó expresamente el acuerdo previsional y sostuvo que la jubilación fue concedida contra su voluntad de acogerse actualmente al beneficio.
La vocal cuestionó además la validez de la resolución al considerarla “inoponible, improcedente, ilegal e inconstitucional” y fundamentó su planteo en la garantía de inamovilidad establecida por el artículo 128 de la Constitución Provincial.
En ese marco, intimó a la Caja de Previsión Social a dejar sin efecto tanto el acuerdo como su correspondiente notificación dentro de un plazo de 24 horas.
“Caso contrario me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”, indicó Ludueña en la presentación.
El planteo también fue realizado por Mercau y Fernández, quienes rechazaron las decisiones previsionales adoptadas respecto de sus situaciones y reclamaron que sean retrotraídas.
El conflicto se produce luego de que la Caja de Previsión Social otorgara 27 jubilaciones alcanzadas por el Decreto 608, entre ellas ocho correspondientes a integrantes del Poder Judicial. La inclusión de Ludueña, Mercau y Fernández generó una controversia institucional debido a que las tres continúan desempeñándose como vocales del Tribunal Superior de Justicia.
Con las intimaciones presentadas este martes, la discusión podría trasladarse ahora al ámbito judicial si la Caja de Previsión Social mantiene vigentes las resoluciones cuestionadas por las magistradas.