La Justicia puso un freno a los aumentos de gas y respaldó a la UTN Santa Cruz
El Juzgado Federal de Río Gallegos admitió una acción de amparo presentada por la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN contra el Estado Nacional, y declaró la inconstitucionalidad de las resoluciones que provocaron aumentos tarifarios desmedidos en el servicio de gas.
La sentencia ordenó retrotraer los valores a los vigentes antes de marzo de 2024, considerando que las nuevas tarifas resultaban "irrazonables, desproporcionadas y contrarias a principios constitucionales".
La presentación fue realizada con patrocinio del abogado Matías Solano. La UTN había denunciado que las resoluciones 41/2024 y 122/2024, emitidas por la Secretaría de Energía y el ENARGAS respectivamente, provocaron subas de entre un 349% y un 428% en el metro cúbico de gas, y hasta un 4015% en el cargo fijo. Esto llevó la factura mensual de la institución a superar los dos millones de pesos, afectando el funcionamiento académico, administrativo y científico.
El fallo reconoció que la universidad pública no puede ser tratada como un usuario comercial y que la tarifa debía contemplar la localización geográfica, las temperaturas extremas de la región y la función social e institucional de la casa de estudios. En palabras del juez: “Aplicar sin distinción un régimen tarifario uniforme a sujetos que se encuentran en situaciones estructuralmente distintas […] importa desconocer los principios de equidad, igualdad sustancial y proporcionalidad”.
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Además, la sentencia resaltó que la continuidad del servicio educativo estaba en riesgo debido a que el presupuesto universitario sigue congelado desde 2023, generando un déficit que ya en el primer cuatrimestre de 2024 superó los 10 millones de pesos. La resolución judicial sostuvo que el derecho a la educación no puede ser vulnerado por medidas administrativas que omiten consideraciones de razonabilidad y justicia.
La Justicia ordenó facturar con el esquema anterior, hasta tanto se apruebe un nuevo régimen que contemple adecuadamente la situación de instituciones públicas no comerciales. La decisión fue celebrada por la comunidad universitaria, que había acompañado la causa con pruebas documentales, informes técnicos y un exhaustivo relevamiento de impacto económico.
Desde la UTN afirmaron que “este dictamen es un paso significativo en el reconocimiento de la importancia de la universidad pública y establece un límite a los aumentos tarifarios arbitrarios que podrían comprometer su continuidad”.
Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó que el Juzgado de Río Gallegos tiene competencia para resolver el caso, rechazando la acumulación con el expediente colectivo tramitado en Caleta Olivia. En consecuencia, la UTN Santa Cruz logró una resolución favorable que garantiza la continuidad de su servicio esencial en defensa del derecho a la educación pública en la Patagonia.