Diputados aprobaron el pago del 50% del salario a los nuevos vocales del TSJ

La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó una modificación al Presupuesto 2026 que autorizó el pago del 50% de los haberes a los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia, mientras continúa el proceso judicial por la constitucionalidad de la ley que amplió la integración del máximo tribunal provincial, cuya resolución final quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La iniciativa fue sancionada en la última sesión del año con 13 votos afirmativos, 10 negativos y una abstención, y alcanzó a los cuatro vocales designados tras la ampliación del Tribunal de cinco a nueve miembros, establecida por la Ley Provincial N.º 3949. Los beneficiarios de la medida fueron Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio De la Vega y José Antonio González Nora, quienes asumieron sus cargos en octubre pero no habían percibido remuneraciones hasta el momento.

El proyecto fue presentado por la diputada Adriana Nieto e incorporado como una modificación específica al Presupuesto vigente. El artículo aprobado facultó al Ministerio de Economía a liquidar y abonar de manera inmediata el pago parcial correspondiente a los nuevos integrantes del Tribunal Superior.

El conflicto institucional se originó a partir de un amparo judicial presentado por Franco Mascheroni, secretario general del gremio de los empleados judiciales, quien solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 3949, sancionada el 28 de agosto por la Legislatura provincial, que dispuso la ampliación del número de integrantes del máximo tribunal.

El Tribunal Superior de Justicia hizo lugar al planteo y dictó una sentencia declarando la inconstitucionalidad de la norma. Sin embargo, el fallo no quedó firme debido a que no contó con la participación de la totalidad de los miembros del cuerpo ampliado, situación que derivó en que los nuevos vocales quedaran sin percibir sus haberes desde el momento de su juramento.

En los fundamentos de la decisión legislativa se sostuvo que, ante la inexistencia de una sentencia firme sobre la constitucionalidad de la ley, correspondió garantizar el pago parcial de los salarios, considerando su carácter alimentario. El texto también citó compromisos asumidos por el Estado provincial en el marco de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las garantías constitucionales vinculadas al derecho al salario.

La norma aprobada contempló dos escenarios posibles. En caso de que la Ley 3949 sea declarada constitucional mediante una sentencia firme, los pagos efectuados quedarán imputados de manera definitiva al Presupuesto 2026 del Poder Judicial. Si, por el contrario, se declara su inconstitucionalidad, el pago se suspenderá automáticamente y el Estado provincial quedará facultado a recuperar los montos abonados.

Durante el tratamiento legislativo, la diputada Nieto expuso que la falta de pago de los haberes desde la asunción de los nuevos vocales afectó su situación económica, ya que se trató de personas que renunciaron a sus empleos anteriores para asumir funciones en el Tribunal Superior.

En el debate también se mencionó como antecedente el caso del ex vocal del TSJ Fernando Basanta, quien durante un proceso de juicio político continuó percibiendo el 50% de su salario mientras se desarrollaba el procedimiento correspondiente.

Asimismo, se dejó constancia de que el 18 de diciembre de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre la validez de las decisiones adoptadas por un solo integrante del Tribunal Superior, señalando la nulidad de los actos que no cuenten con la participación del cuerpo en pleno, conforme a la normativa vigente.

En ese contexto, se indicó que Sergio Acevedo y José Antonio González Nora se presentaron en la causa y promovieron un recurso extraordinario federal, que fue rechazado en una instancia provincial. Posteriormente, ambos magistrados interpusieron una queja ante la Corte Suprema, que ordenó al TSJ de Santa Cruz oír a las partes y tratar el recurso con la integración completa del tribunal, declarando la nulidad de lo actuado previamente.

Desde distintos bloques legislativos se advirtió que la controversia institucional podría extenderse en el tiempo. El diputado Pedro Muñoz, del bloque ARI-CC, sostuvo que el conflicto en el Tribunal Superior de Justicia generó un escenario de incertidumbre y estimó que la definición final del caso quedará en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.