De qué se trata el proyecto de desendeudamiento propuesto por Pablo Grasso
La iniciativa busca que las familias santacruceñas puedan refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales con una tasa fija máxima del 35% y un plazo no inferior a 24 cuotas. También establece límites a los descuentos sobre los salarios de empleados públicos y asistencia jurídica gratuita.
El proyecto de desendeudamiento presentado por el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, propone crear un programa provincial destinado a personas y familias de Santa Cruz que se encuentren en mora y atraviesen una situación de vulnerabilidad financiera.
La iniciativa apunta principalmente a reemplazar deudas de consumo con altos intereses por créditos con condiciones más accesibles. En su redacción actual comprende compromisos originados en tarjetas de crédito y préstamos personales otorgados por entidades financieras reguladas.
Para acceder, las personas deberán encontrarse en las situaciones 2, 3 o 4 de la Central de Deudores del Banco Central, acreditar ingresos familiares inferiores al límite que determine la reglamentación y demostrar que las cuotas adeudadas superan el 30% de los ingresos mensuales del hogar. También deberán contar con domicilio en Santa Cruz.
Créditos con tasa fija y al menos 24 cuotas
Las refinanciaciones previstas por el proyecto deberán tener una Tasa Nominal Anual fija máxima del 35%, un plazo mínimo de 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, y no podrán exigir nuevas garantías reales.
El Banco Santa Cruz tendría la obligación de incorporarse al programa y ofrecer estas líneas a todas las personas que cumplan los requisitos. Las demás entidades bancarias y financieras podrían adherir voluntariamente y recibir, como incentivo, una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos aplicada a los intereses de esas operaciones.
Un límite para los descuentos salariales
Otro de los puntos centrales es la protección de los trabajadores de la administración pública provincial. El proyecto establece que las retenciones relacionadas con las deudas alcanzadas por el programa no podrán superar, en conjunto, el 30% de la remuneración bruta mensual.
Los descuentos vigentes que excedan ese porcentaje deberán ser reliquidados dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la eventual ley. Esto no significará la eliminación de la deuda, sino su reprogramación en cuotas compatibles con el nuevo límite.
Cuando también exista una cuota alimentaria, esta tendrá prioridad y el tope para las restantes retenciones se calculará sobre el dinero disponible luego de cumplir con esa obligación.
Asistencia jurídica gratuita
La propuesta contempla la creación de un registro de abogados y abogadas para brindar patrocinio gratuito a las personas beneficiarias. También reconoce el beneficio de litigar sin gastos y establece una vía judicial abreviada para reclamar frente a descuentos excesivos o incumplimientos de las condiciones de refinanciación.
Además, un profesional inscripto podría solicitar la suspensión provisoria de un débito automático cuando considere que supera el límite establecido. La entidad tendría cinco días hábiles para cumplir con la medida.
El programa sería supervisado por una comisión integrada por representantes del Gobierno provincial, el Colegio de Abogados, sindicatos estatales y asociaciones de defensa del consumidor. El organismo debería recibir denuncias y publicar informes semestrales sobre el cumplimiento de las entidades.
La iniciativa todavía debe atravesar el debate legislativo. En su versión actual no incorpora deudas por tarifas de servicios, aunque Grasso anticipó que la propuesta podrá recibir modificaciones para sumar la materia comercial y ampliar su alcance.