Chute cuestionó el nuevo anticipo a Santa Cruz y denunció discriminación financiera
El secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos, Gonzalo Chute, cuestionó el nuevo esquema de anticipos financieros habilitado para Santa Cruz, advirtió que la provincia podría acceder en total a hasta 500.000 millones de pesos y sostuvo que, en ese contexto, no se comprende la insistencia del Gobierno provincial en avanzar con una ley de emergencia. Además, señaló que la ciudad sufre una situación de “doble abandono”, con una fuerte caída de recursos y sin asistencia económica desde diciembre de 2023, mientras se paralizan obras clave para la capital santacruceña.
En diálogo con el programa La Bisagra que se emite por Tiempo FM, Chute expuso su preocupación por la situación financiera de la provincia y por el impacto que esa política tiene sobre los municipios. En ese marco, remarcó que Santa Cruz ya recibió un anticipo de coparticipación por 100.000 millones de pesos, a devolver dentro del mismo ejercicio fiscal con una tasa anual del 15%, y advirtió que el nuevo instrumento oficializado permitiría otorgar otro adelanto de hasta 400.000 millones más.
El funcionario municipal planteó que esa disponibilidad de fondos entra en contradicción con el discurso oficial que justifica la necesidad de avanzar con una nueva ley de emergencia. En ese sentido, sostuvo que detrás de esa discusión aparece el intento de frenar las negociaciones salariales y afirmó que cuando desde el Ejecutivo provincial se dice que sin presupuesto no habrá paritarias, y al mismo tiempo se reconoce que el presupuesto no contemplaba aumentos, en los hechos se está anunciando un congelamiento salarial.
En ese punto, Chute cuestionó la falta de explicaciones claras dentro del propio Gobierno provincial. Señaló que mientras un sector sostiene una postura, otros funcionarios expresan otra distinta, y consideró que ni siquiera al interior del oficialismo parece existir una posición saldada sobre el verdadero objetivo de la emergencia financiera. También insistió en que el nuevo anticipo no sustituye al anterior, sino que se suma a los 100.000 millones ya otorgados, lo que eleva el volumen total de asistencia posible.
Otro de los ejes de su planteo estuvo vinculado a la coparticipación que corresponde a los municipios. Chute recordó que esos fondos también deberían coparticiparse con las comunas, conforme a la ley y a la Constitución, y sostuvo que la primera condición debería ser la claridad respecto de cómo impactará esa asistencia en los recursos locales. Indicó que, según expresó recientemente el ministro de Economía, ese anticipo no sería descontado de la coparticipación correspondiente a los municipios.
A partir de allí, el funcionario remarcó la postura histórica del Municipio de Río Gallegos, al señalar que cuando la comuna capitalina solicitó herramientas financieras similares a la provincia, no le fueron otorgadas. En contrapartida, observó que otros municipios sí reciben ayuda del Gobierno provincial, en un escenario en el que la caída de la recaudación nacional y provincial profundiza los déficits municipales.
Chute sostuvo que la ciudad atraviesa una situación especialmente delicada en términos de recursos. Precisó que Río Gallegos percibe actualmente, a valores actualizados, unos 60.000 millones de pesos menos al año que los que había recibido la gestión de Roberto Giubetich, tomando en cuenta la caída del índice de coparticipación, la falta de adelantos y la ausencia de otras herramientas financieras. Desde esa perspectiva, afirmó que la discriminación no afecta a una figura política en particular, sino al conjunto de los riogalleguenses.
El secretario de Legal y Técnica también vinculó esa retracción de fondos con la imposibilidad de avanzar en obras públicas y otros compromisos asumidos por el municipio. Habló de un “doble abandono”: por un lado, la disminución de recursos financieros y, por otro, la paralización de obras que contaban con financiamiento provincial o nacional. Entre ellas mencionó especialmente la obra de cloacas para la ciudad, que iba a ser ejecutada con financiamiento de ENOHSA y que, según indicó, dejó de ser financiada por decisión acordada entre la provincia y la Nación.
En esa línea, Chute afirmó que el impacto de esa decisión es incuantificable por la relevancia estructural que tiene esa obra para Río Gallegos. Sostuvo que la ciudad continúa afrontando la coyuntura con sus propios recursos, pero advirtió que el daño recae sobre toda la comunidad y no solamente sobre la administración municipal.
Además, cuestionó el crecimiento de la estructura política provincial en medio del reclamo de ajuste. Señaló que mientras se plantea que no hay recursos para sostener paritarias o asistir a municipios opositores, el Gobierno sigue creando secretarías de Estado, ampliando áreas de gestión y designando funcionarios en cargos que, según expresó, no tienen funciones claras para la ciudadanía. También apuntó contra la ampliación de organismos como el Tribunal de Cuentas y mencionó los altos salarios de esos sectores de la administración pública.