Belarde cargó contra Gadano por el veto a la Ley de Discapacidad
El presidente del Concejo de Caleta Olivia cuestionó a la senadora santacruceña y le pidió que “deje de pasear” para defender a los sectores vulnerables en el Congreso.
En la última sesión del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Facundo Belarde apuntó contra la senadora Natalia Gadano en el marco del veto presidencial a la Ley de Emergencia para Personas con Discapacidad. El edil cuestionó la falta de compromiso de la legisladora nacional y reclamó que asuma un rol más firme frente al gobierno de Javier Milei.
“Voy a decir algunas palabras que tal vez molesten. Pero a veces necesitamos que nuestros funcionarios nacionales, y lo digo yo y me hago cargo, dejen de pasear acá y vayan a defender lo que tienen que defender”, expresó Belarde, en clara alusión a la senadora santacruceña.
El titular del cuerpo legislativo local, que ya había manifestado su rechazo al veto, remarcó: “Que defienda el no al veto, que defienda en la Cámara Alta, allá, en la Cámara Alta, y que deje de pasear en Caleta Olivia, porque los necesitamos allá. Lo mismo que sucedió con el tema de la universidad”.
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El cuestionamiento surge en un contexto en el que Gadano mantiene una activa presencia social en redes, compartiendo actividades barriales o deportivas, mientras en el Congreso se multiplican los debates por los vetos presidenciales a leyes vinculadas con jubilados, universidades y personas con discapacidad.
La trayectoria legislativa de la senadora ya había despertado críticas en 2024, cuando, pese a votar en contra de la Ley Bases en general, se ausentó junto a José María Carambia en artículos clave como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y las facultades delegadas. Además, ambos negociaron con el oficialismo un aumento de regalías mineras del 3% al 5%, acuerdo que permitió el avance del dictamen en comisiones.
El reciente veto de Milei a la Ley de Emergencia para Personas con Discapacidad, aprobado el 4 de agosto con amplio respaldo, encendió la bronca de legisladores opositores y organizaciones sociales. El Ejecutivo justificó la decisión por “razones fiscales” e “irregularidades”, mientras familias y entidades del sector alertan que la situación es insostenible por la falta de cobertura y recortes en programas.