Por qué es inconstitucional el decreto que equipara Asignaciones y elimina Zona Desfavorable

Ayer Cambiemos anunció que Nación retrocedió con el decreto presidencial que dispuso el viernes pasado la equiparación de Asignaciones Familiares, y la quita de la Zona Desfavorable.

Sin embargo, por la polémica medida sindicatos y legisladores acudieron a la Justicia.

“Existen cuestiones generales y particulares. La general es que existe en materia de Derechos Humanos un principio de progresividad, que si bien no está reconocido en la Constitución Nacional, sí lo está en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que consagra varios derechos, como nivel de vida digna, derecho a la alimentación, a la vivienda, salud y por ejemplo el derecho a la educación que está relacionado con las asignaciones”, explicó el constitucionalista Leonardo Palacios, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar de Plata y de la Universidad de Atlántida Argentina.

El doctor en leyes sostuvo que estos pactos resguardan estos derechos, incluso en la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que el principio de progresividad indica que “una vez que se otorgan los derechos, sobre todo lo del Estado, en la medida que tenga recursos, tiene una contracara que es el principio de no regresividad”, es decir, que cuando se llega a un piso de protección, “lo importante es no rebajar ese piso”, algo similar (salvando las diferencias, como un derecho ya adquirido).

Palacios dijo además que la no regresividad “es una interpretación que surge del Pacto Internacional y Convención Americana y todos aplican”. Por ello, el decreto tendría carácter inconstitucional  “porque los tratados tienen jerarquía constitucional”. “Es un derecho económico, social y cultural reconocido”, subrayó.  

A esto, añadió que el Comité de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos “tiene el pronunciamiento del principio de progresividad”, y quizás igual de importante es que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “tienen pronunciamientos con interpretación obligatoria” de dichos tratados.