DDHH

Santa Cruz en alerta por el Decreto que modifica la Ley de Salud Mental

El Gobierno nacional planea reformar por decreto la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, que fue celebrada por organismos internacionales y puso a nuestro país a la vanguardia en mirada de DDHH. Los funcionarios santacruceños del Órgano de Revisión, constituido desde 2015, analizan el proyecto y ya hay repudio del Colegio de Psicólogos.

El Colegio de Psicólogos rechazó el decreto que modifica la ley y se mantiene “en alerta”
El Colegio de Psicólogos rechazó el decreto que modifica la ley y se mantiene “en alerta”
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Se trata del proyecto que se puede leer en el Expediente del Ministerio de Salud de la Nación identificado como 120020000024933166, que básicamente modifica la concepción de la salud mental, reinstala el manicomio bajo el nombre de “hospitales especializados en psiquiatría y salud mental”, le quita facultades a los abogados defensores de los usuarios, reinstala la lógica de que una persona puede ser declarada completamente incapaz en franca contradicción con el reciente Código Civil y Comercial de la Nación y  también le quita la competencia del Ministerio Público de la Defensa, que es el que hoy tiene a los órganos de revisión de la Ley, que quedará en manos del Ministerio de Salud de la Nación.

 

Preocupación y rechazo- Esta semana, los primeros en fijar postura fueron los profesionales nucleados en el Colegio de Psicólogos de Santa Cruz, desde donde mostraron su “preocupación y rechazo” al proyecto de decreto del macrismo por tratarse de “un grave retroceso en los derechos de los sujetos que alcanza esta ley”, que va “en detrimento de las construcciones colectivas realizadas hasta el momento en materia de Salud Mental”.

En 2014, Santa cruz fue una de las primeras en crear el Órgano de Revisión, una vez promulgada la ley. Comprende seis partes intervinientes; representantes de los familiares de usuarios, defensores, salud mental y patologías de consumo (Ministerio de Salud) y organizaciones de la sociedad civil.

Este organismo, tiene la obligación de revisar las condiciones en que se realicen los tratamientos y supervisar las condiciones de internación por razones de salud mental en el ámbito público y privado, con el objetivo de evitar que se institucionalice permanentemente a las personas con padecimiento mental.

Sin embargo, aplicar la ley no fue tarea fácil. En forma constante hubo reclamos de las defensorías públicas porque se pongan a disposición de jóvenes con patologías de consumo, los dispositivos de contención previstos en la Ley. Esto es, equipo interdisciplinario, vivienda.

 

El caso de Anakainosis- Un caso emblemático en lo que hace a la temática de la salud mental en Santa Cruz fue el de Anakainosis, la clínica comodorense que en noviembre de 2014 expulsó a diez pacientes santacruceños por una deuda que el Ministerio de Salud tenía con ellos, en el orden de los 8 millones de pesos.

La clínica privada había decidido “restituir” al Ministerio de Salud el grupo de pacientes con enfermedades mentales ya que desde 2010 que no se pagaban los tratamientos de internación que fueron ordenados por el Poder Judicial.

El caso sirvió para probar los efectos de la manicominzación a los fines de depositar gente, a la que –luego se supo- ya ni su familia visitaba hacía años. De hecho, cuando Anakainosis echa a los pacientes, al Ministerio de Salud le costó saber quiénes eran y de dónde. Sólo se supo que algunos volvieron a Pico Truncado, San Julián, Los Antiguos, Las Heras, Caleta Olivia y esta capital, aunque se les habría perdido el rastro.

En toda Santa Cruz, existe un solo lugar para internación de pacientes psiquiátricos. El Centro de Salud Mental, con capacidad para 24 internados, 12 camas para hombres y 12 para mujeres. Las internaciones psiquiátricas no duran más de 15 días y el grueso de su población es ambulatoria.

 

Cómo se trabaja- Actualmente, el Estado provincial no sólo garantiza el acceso a la medicación de estos pacientes, sino que, además, en Río Gallegos hay a disposición un móvil que se ocupa de hacer un seguimiento periódico a un centenar de personas en tratamiento, de las cuales una treintena están alojadas en hogares.

Estos hogares son casas de familia que cuentan con una encargada, que si bien no es un profesional de la salud, se ocupa de verificar que tome sus medicamentos. Algunos de ellos, los que pueden, acceden a algún tipo de taller que organiza el área de Salud Mental.

Justamente esta semana, un operativo policial encomendado por el área de Comercio de la Municipalidad de Río Gallegos, detectó la presencia de once personas viviendo en una suerte de conventillo. Según denunciaron entre la población residente había menores conviviendo con adultos mayores, sin distinción de quienes tenían algún padecimiento mental o adicciones. En las actas labradas en el lugar la dueña de casa habría referenciado que el lugar era sostenido por el Ministerio de Desarrollo.

En cuando al abordaje de las patologías de consumo, en esta capital está Cetripco, que es el Centro de Tratamiento Integral para Patologías del Consumo. Allí el abordaje también es ambulatorio, conforme lo establece la ley. En el interior, el lugar receptor puede ser un hospital público, aun cuando el usuario cuente con una prepaga.

 

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