Una pareja irá a juicio por explotar laboralmente a una ciudadana boliviana

En línea con el requerimiento del responsable de la Fiscalía Federal de Río Gallegos, Pablo Mansilla, el juez federal de esa jurisdicción, Claudio Marcelo Vázquez, elevó a juicio oral la investigación seguida contra una pareja por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral agravada, por abuso de la situación de vulnerabilidad y por haberse consumado la explotación de una ciudadana boliviana, entre los años 2015 y 2018.

En su requerimiento, el fiscal federal destacó que los imputados restringían la libertad de la víctima, en tanto que eran ellos quienes decidían si podía o no salir, cuándo podía hacerlo y en qué condiciones. Además, limitaban su capacidad de autodeterminación y su libertad ambulatoria, al dejarla encerrada, con un evidente propósito de ejercer control total sobre ella.

Por otro lado, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que la pareja se valió de la situación de vulnerabilidad de la víctima y crearon una relación totalmente asimétrica, con la finalidad de explotarla laboralmente en un local de venta de indumentaria de la ciudad de Río Gallegos.

En la investigación también colaboraron la Delegación Río Gallegos de la Policía Federal Argentina y el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Santa Cruz.

El caso

En el año 2015, los imputados le ofrecieron a la víctima un trabajo en un local de ropa ubicado en la ciudad de Río Gallegos, con la promesa que brindarle alojamiento, comida y el traslado hasta el lugar. Así, la mujer viajó desde Bolivia, donde la recibió la mujer quien, al otro día, la envío a la ciudad de Gobernador Gregores, para que trabajara en una tienda de ropa, bajo las órdenes de su marido.

En el año 2017, la víctima comenzó a tener problemas de convivencia con los familiares de los imputados, por lo que la trasladaron a Río Gallegos para que trabajase en otra de las tiendas de sus empleadores. Allí, bajo la amenaza que si no lo hacía se tenía que volver a Bolivia, la obligaron a firmar el contrato de alquiler del local a su nombre. En su declaración ante la justicia, la mujer refirió que trabajaba de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 21:00, por el que le pagaban aproximadamente $2000 –pesos bolivianos-, mientras que cuando salía del negocio, se dedicaba a hacer tareas domésticas en la vivienda de la pareja.

También, ante el fiscal, la víctima declaró que la pareja le había quitado sus teléfonos, sus documentos y no la dejaban comunicarse con su madre. En ese sentido, manifestó que nunca se animó a denunciar por temor a que le hagan algo a sus padres, ya que esta pareja tiene familia en Bolivia y los conoce porque eran vecinos.

La investigación

La causa se inició el 4 de septiembre de 2018, a raíz de la denuncia de una agente del Consulado de Bolivia en Comodoro Rivadavia, que tomó contacto con la víctima durante una visita consular a Río Gallegos. En dicha oportunidad la mujer se presentó a renovar su cédula de identidad y dijo que no tenía dinero para el trámite. También, la denunciante relató que, cuando emitieron la documentación, la víctima se la entregó pues no quería retirarla por miedo a que sus empleadores se la sacaran.

En dicho contexto, la fiscalía dispuso como medida preliminar que la División Trata de Personas entrevistara a la víctima, quien describió la situación de sometimiento en la que estaba y que no soportaba el estilo de vida que le imponían los imputados, quienes no la dejaban decidir sobre su propia vida.

También intervino el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, quienes concluyeron que “durante la entrevista realizada se la observó atemorizada, angustiada y afectada por lo padecido”. A su vez, el documento destaca el contexto personal y socio-económico que atravesaba la víctima, que “podría tomarse un escenario proclive para que terceros pudieran sacar provecho de tal situación, abusando de la fragilidad psico-social de la misma y obteniendo así réditos económicos propios”.

En la investigación también declaró una testigo que conoció a la mujer, en el negocio que atendía. Refirió que la víctima recibía la comida de manera fraccionada, que le pagaban en moneda de Bolivia, que trabajaba en la tienda y luego debía realizar tareas en la casa de la dueña. La testigo también refirió que la víctima le manifestó que “estaba mal, angustiada y le pidió prestado su teléfono, ya que ella tenía uno, pero se lo habían sacado sus empleadores”.

Oportunamente, el juez dispuso que la declaración indagatoria de la pareja, quienes negaron la acusación y aclararon que la víctima contaba con llave de la casa y el comercio, que se manejaba sola sin limitaciones, y tenía “libre los días domingo en los cuales ayudaba voluntariamente en los quehaceres del hogar”.

Sin embargo, el análisis de la prueba permitió contrarrestar la versión de los imputados, quienes fueron procesados. Así, ante la existencia de indicios que permitían sospechar la presunta comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, la fiscalía solicitó el rescate de la víctima.