Justicia

La sentencia dispuso para algunos implicados una reparación monetaria millonaria

En el caso de los hechos comprobados , los acusados deberán cumplir con la  obligatoriedad de hacer efectiva una reparación monetaria de millones de pesos. 

Sentencia por la Causa Emergencia Climática.
Sentencia por la Causa Emergencia Climática.
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El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino dio a conocer en las últimas horas las penas impuestas a nueve personas condenadas en el marco de la denominada Causa Emergencia Climática.

En su resolución los magistrados dictaron una pena de efectivo cumplimiento para tres exfuncionarios en el marco de la causa judicial en la cual se investigó una serie de maniobras ilícitas en las compras y contrataciones realizadas por el estado para atender la emergencia climática tras el temporal que afectó a Comodoro Rivadavia y todo el sur de Chubut en 2017.

Las penas de efectivo cumplimiento recayeron sobre Diego Correa, Diego Luthers y Marcelo Suárez.  Los primeros dos se desempeñaban en el ámbito de la Unidad Gobernador, en tanto que el restante estaba en el Ministerio de Familia.

La lectura de la parte resolutiva del fallo se realizó a través de videoconferencia y estuvo a cargo del Dr. Caviglia, quien informó a las partes, el fallo por unanimidad al cual arribaron tras el extenso debate. 

El juez que presidió el proceso oral y público también informó que se remitió al STJ una nota en la cual se agradece y reconoce la labor desempeñada por los integrantes de la Oficina Judicial Rawson, a efectos de asegurar la concreción del mencionado juicio, como así también a los choferes que tuvieron a su cargo el traslado de los jueces, en particular de Novarino y el propio Caviglia.

Las Condenas 

En primer término, informó que Diego Miguel Correa, exsecretario privado del extinto gobernador Mario Das Neves, fue condenado a una pena de 4 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento, además de inhabilitación especial completa, accesorias legales y costas del juicio. 

En el caso de Diego Luthers, el mismo fue condenado a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesoria legales y costas.

En el caso de Marcelo Suarez, quien fuera funcionario del Ministerio de Familia y en la actualidad se desempeña en la Municipalidad de Rawson, la pena que se le impuso fue de 3 años y 6 de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesoria legales y costas. 

En los tres casos mencionados se los condenó por haber sido encontrados responsables del delito de defraudación a la administración pública por administración fraudulenta, en la modalidad de delito continuado, sobre un total de diecisiete hechos consumados y catorce tentados; además de absolverlos de otros seis hechos.

Gisela Barale, quien se desempeñaba también en el Ministerio de Familia fue condenada a 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y costas del proceso por el mismo delito que los exfuncionarios antes mencionados, pero en este caso particular, se trató de doce hechos consumados y catorce en grado de tentativa.

La exministra de Familia, Leticia Huichaqueo, fue condenada a una pena de dos años de ejecución condicional por haber sido hallada responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado, en dos hechos que no lograron consumarse.

Empresarios condenados

Los jueces Caviglia, Monti y Novarino también resolvieron penas para los empresarios y comerciantes implicados en la causa. 

Marta Fracasso, quien fuera condenada como partícipe necesaria del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta en la modalidad de delito continuado (seis hechos consumados y uno tentado), fue condenada a tres años de prisión de ejecución condicional, además de la obligatoriedad de hacer efectiva una reparación de $ 2.200.000.
 
Una resolución similar tomaron los jueces con Estanislao Finiguerra, quien deberá abonar una suma de $ 6. millones en concepto de reparación, además de imponerle una pena de 2 años y 8 meses de prisión de ejecución condicional.

En el caso de Bruno Taurelli, como partícipe necesario por defraudación en perjuicio de la administración pública por administración fraudulenta se lo condenó a una pena de tres años de prisión de ejecución condicional; mientras que a César Hughes le dictaron una pena de un año de prisión de ejecución condicional bajo la misma figura legal.

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