Envían recomendaciones sobre narcocriminalidad en cárceles

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, dispuso poner en conocimiento del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos las conclusiones, recomendaciones e informes producidos en el marco de la mesa de trabajo sobre maniobras narcocriminales desde establecimientos penitenciarios, dada la gravedad y peligrosidad de la cuestión, así como el riesgo latente que esta suscita.

En el relevamiento de casos de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y el estudio de la normativa aplicable en la materia, se identificaron los factores que facilitan o promueven la ocurrencia de ese tipo de hechos.

La mesa de trabajo presentó conclusiones sobre esta problemática y realizó distintas recomendaciones tendientes a reducir los riesgos para la seguridad interna del personal penitenciario, del resto de la población carcelaria y de terceros que concurren a esos establecimientos; para proteger al resto de la sociedad, a los operadores del sistema de administración de justicia y a otras personas vinculadas a la investigación y la persecución penal; y para prevenir la comisión de nuevos delitos cometidos desde el ámbito carcelario.

Esta mesa de trabajo fue coordinada desde la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y contó con la participación de las/los titulares y colaboradoras/es de la PROCUNAR, la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Recomendaciones

A partir del relevamiento de casos presentado por la PROCUNAR y, con base en el análisis normativo y sobre los factores que facilitan o promueven la comisión de maniobras narcocriminales desde el interior de los establecimientos penitenciarios, se sugiere poner en consideración de las autoridades competentes una serie de recomendaciones, tendientes a reducir los riesgos de seguridad interna del personal penitenciario, resto de la población penitenciaria y terceros dentro de los establecimientos carcelarios; como así también, proteger la seguridad externa para el resto de la sociedad, los operadores del sistema de administración de justicia y otras personas vinculadas a la investigación y persecución penal y prevenir la comisión de nuevos delitos cometidos desde el ámbito carcelario. La aplicación de las medidas que aquí se sugieren deberán salvaguardar el respeto por la dignidad de las personas privadas de su libertad, debiendo garantizarse el cumplimiento de las normas constitucionales, los tratados internacionales ratificados por la República Argentina y sus derechos no afectados por la condena o por la ley. Estas propuestas se circunscriben a las circunstancias particulares detalladas y a los sujetos privados de su libertad que integren organizaciones criminales complejas. Siguiendo esas premisas y, en el sentido de promover una mejor actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República (artículo 120 de la Constitución Nacional).