“Una impunidad terrible”

UNICEF Argentina determinó el año pasado que en promedio, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 varones, sufren abuso sexual en su infancia. Detrás de esos dolorosos números hay miedo de hablar y niñeces rotas. El mismo informe destacó que un 80% de esos abusos ocurren en el círculo familiar o de confianza de la víctima.

¿Qué sucede con las denuncias que se hicieron antes del periodo de aislamiento, tele trabajo y una extendida feria judicial que atrasa todos estos procesos? TiempoSur dialogó con dos madres que buscan proteger a sus hijas en Río Gallegos.

6 meses para una cámara gesell que todavía no se hace.

El 16 de febrero de este año PM denunció a u sujeto por abuso sexual en infancia agravado por vínculo. Hace diez meses que la menor está bajo la tutela de su madre, pero esto, lamentablemente, no les brindó la seguridad que necesitan para vivir tranquilas ni los avances institucionales necesarios para encontrar justicia.

La denuncia, cuyo número de expediente es 79.879/20, tramita ante el Juzgado de Instrucción Penal N° 1 de la jueza Marcela Quintana, desde el que se impuso una orden de restricción que el abusador incumplió. La madre de la sobreviviente notificó al Juzgado que el denunciado se paseó frente a su casa en más de una ocasión a 5 días de la primera presentación. P… entiende que nadie hizo nada.

“Me parece una humillación a lo que me expongo y expongo a mi hija”, lamentó P… a TiempoSur, relatando que este incumplimiento, como acto de impunidad y un ejercicio de poder, sigue sucediendo al día de hoy. Explicó que la menor está con tratamiento psicológico, pilar para su estabilidad mental. Durante este proceso, sufrió varios intentos de suicidio y ataques de ansiedad.

Con talleres artísticos y acompañamiento familiar, su mamá se encarga de que esté contenida en todos los aspectos posibles. Pero ella también teme por su integridad por lo que desde que comenzó la cuarentena y ante la presencia del abusador vulnerando sus derechos, optó por no salir de casa bajo ninguna circunstancia. “Estuvimos encerradas 5 meses a la espera de avances, aterradas” comentó.

El 6 de agosto era la fecha en la que se desarrollaría la cámara gesell, estudio clave para el avance judicial pero “nunca nos notificaron, extendieron la feria y se pospuso” relató la madre protectora desde el dolor, entendiendo que la urgencia de su hija, no lo es para las instituciones que deberían protegerla.

El sujeto cuenta con antecedentes por violencia de género en Río Gallegos y en Entre Ríos, su ciudad de origen. “Vivimos con miedo y estamos esperando que la Justicia decida qué hacer porque también incumplió las restricciones de su ex pareja acá y otras ciudades también” detalló.

Explicó que el denunciado “sigue trabajando, hace lo que quiere y en situaciones normales daría charlas en escuelas, lo que me parece gravísimo”. Como sobreviviente, esperaba que la reparación estatal, que mantenga a salvo a otras infancias fuese un camino sinuoso, pero bajo ningún punto, el resultado de la revictimización a la que se está exponiendo en este momento.

P. dice quiere creer en la Justicia, pero le resulta complejo. “Siento que se pone en tela de juicio a mi hija y a él se le otorga un derecho de impunidad que hace que se retuerza el estómago” denunció.

Que su abuelo esté preso

Ese es el deseo de la hija de PS. En agosto de 2019, juntas y con miedo, denunciaron a un hombre por abuso sexual en la infancia. La causa está a cargo de la jueza Rosana Suárez. La madre de la sobreviviente explicó que logró hablar después de sufrir cuatro años de abuso. Al mes de la denuncia se realizó la cámara gesell y “sus relatos reunieron los suficientes criterios de credibilidad” explicó PS a TiempoSur.

Después de este avance, tuvieron que hacer otra denuncia penal en la Fiscalía por golpes que llegaron a desfigurar a un familiar de la mujer y la joven. “Hasta ese momento la Justicia venía lenta, muy lenta. En diciembre recién logramos obtener una perimetral” explicó P, pero esto no les aseguró transitar el proceso en paz.

En diciembre, a cuatro meses de la primera denuncia, las instituciones lograron contactarse con el presunto abusador. Para lograr esto, P debió conseguir contactos, brindar números de teléfono y consultar constantemente el estado de la causa para accionar los mecanismos de protección, que en su lugar, la revictimizaron.

El abuelo de la menor rompió una y otra vez la orden de alejamiento, incluso comenzando el aislamiento social preventivo y obligatorio. La familia volvió a denunciar, esta vez en la Seccional Segunda. “Ellos me toman la denuncia pero dicen que no pueden hacer nada porque se trató de encuentros casuales, obviamente no fue así” alertó la madre. Entiende como una excusa la explicación que le dieron en la Comisaría: no se enviaría al penal en contexto de pandemia porque sólo se acciona en casos de suma urgencia.

La intranquilidad de su hija es urgente para ella. Asegura que hay más víctimas que no se animan a actuar. De todas las veces que lo citaron, algunas no se presentó y otras se negó a declarar. “No tenemos ningún tipo de respuesta, no tenemos nada. No sé qué toman por urgente o qué tiene que pasar para que hagan algo” concluyó PS, que teme por su vida y la de su hija.

Cabe destacar que no se precisa permiso de circulación para denunciar una violencia en la Comisaría más cercana y que la línea *144 está disponible los 365 días del año, las 24 hs de manera gratuita. Para denunciar la vulneración de derecho hacia niños, niñas y adolescentes de manera anónima y con la misma disponibilidad, se debe llamar al teléfono 2966-416646 de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio.