Policías aclaran que es un "quite de colaboración" y amenazan con endurecer las medidas

El conflicto salarial que mantiene en vilo a las fuerzas de seguridad de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo de tensión. En medio de las asambleas permanentes que se replican en las comisiones de toda la provincia, los Policías Autoconvocados salieron a fijar postura tras el mensaje público del gobernador Claudio Vidal y aclararon el alcance real de las medidas de fuerza.

En comunicación directa con La Bisagra, Víctor Cortés, uno de los principales referentes del movimiento que permanece apostado frente a la Casa de Gobierno, le puso nombre al reclamo y lanzó una dura advertencia de cara a la convocatoria paritaria de la semana que viene.

"Blanquear la falta de prevención"

Cortés fue categórico al definir la naturaleza de la protesta actual, desmarcándola de la figura de un acuartelamiento tradicional. "Es un quite de colaboración real. Lo único que la policía deja de hacer es la prevención; es decir, las recorridas y los patrullajes en la calle".

Lejos de una paralización total, el referente lanzó una fuerte crítica a la realidad operativa de las comisarías y aseguró que la medida expone una problemática estructural preexistente.

"Hace tiempo que no tenemos prevención en las distintas dependencias debido a la falta de efectivos policiales. Con esta medida, prácticamente estamos blanqueándolo, porque no es más de lo que ya venimos haciendo estando todos en servicio. La población tiene que estar tranquila: todo lo que son urgencias, emergencias, incendios o robos van a ser cubiertos con normalidad por bomberos, policía de comisaría e infantería. Las funciones judiciales y de criminalística siguen vigentes y nos manejamos estrictamente dentro de la ley".

La legalidad del reclamo y la impugnación a la mesa oficial

Al ser consultado sobre las declaraciones del gobernador Vidal, quien cuestionó la oportunidad de la protesta argumentando que la paritaria ya estaba convocada, Cortés rechazó cualquier tipo de intencionalidad partidaria. "Esto es pura y netamente salarial. No estamos politizados. El problema es que el Gobierno convocó a dos sectores que le responden a ellos: la Asociación Civil Policial y el Centro de Retirados".

El portavoz de las bases explicó que el verdadero sustento legal de la discusión radica en el Decreto 212/14, firmado en su momento por el exgobernador Daniel Peralta tras el histórico conflicto de 2014. Según los autoconvocados, dicho decreto establece que el Consejo del Salario debe ser presidido por el jefe de Gabinete —actualmente Pedro Luxen— y no por el ministro de Seguridad, como se viene implementando.

"Nosotros reactivamos el Consejo del Salario mediante la presentación legal de los avales de activos y pasivos, y hoy se nos está prohibiendo participar. La Asociación Civil y el Centro de Retirados vienen paritando de forma ilegal desde el año 2016 porque no tienen el respaldo de los efectivos de calle. Ellos deciden entre cuatro paredes el ofrecimiento del Gobierno; con nosotros, el aumento lo deciden las bases y la familia policial en asamblea, tal como hacen los demás gremios", fustigó Cortés.

Ultimátum para el 10 de junio

El conflicto se encamina a un punto de no retorno de cara al próximo miércoles 10 de junio, fecha fijada por el Ejecutivo para la reunión del Consejo del Salario. Cortés confirmó que, a pesar de haber presentado los avales requeridos por el propio ministro Luxen en las reuniones de febrero, el sector de los autoconvocados fue formalmente excluido de la citación.

La postura de las bases ante este escenario es drástica y anticipa un invierno complejo en materia de seguridad si no se reabren los canales de negociación: "Si la semana que viene se reúne el Consejo del Salario y nosotros no estamos sentados en esa mesa, no vamos a reconocer absolutamente nada de lo que se decida. Venimos con esto desde el 8 de febrero y han hecho oídos sordos; si no hay una respuesta concreta, vamos a endurecer e intensificar las medidas de fuerza en toda la provincia", concluyó el referente.