Albarracín advirtió colapso y la Cámara ordenó "traslados urgentes"
El magistrado de instrucción alertó sobre la falta de infraestructura y el desborde en las comisarías locales. En paralelo, se conoció una contundente resolución de la Cámara Criminal que intima al Ministerio de Seguridad a desalojar las dependencias policiales de la provincia en 72 horas.
El sistema de detención en la villa turística enfrenta un escenario crítico que ha sido expuesto por las máximas autoridades judiciales. Por un lado, el Juez de Instrucción Dr. Carlos Albarracín lanzó una cruda radiografía sobre la situación local, mientras que, en una medida de alcance provincial, la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción emitió un ultimátum a las autoridades de seguridad.
Albarracín: "Las dependencias están totalmente desbordadas"
El Juez Albarracín fue contundente al describir la realidad de las comisarías en El Calafate. Según el magistrado, la falta de plazas ha generado un cuello de botella donde procesados y condenados deben convivir en espacios que no fueron diseñados para el alojamiento a largo plazo.
"Es un problema que lleva años sin resolverse y continúa agravándose", señaló Albarracín, enfatizando que esta situación genera condiciones de insalubridad y una alta tensión que afecta directamente el funcionamiento de la Justicia y la seguridad del personal policial. Para el juez, el crecimiento de la actividad delictiva en la zona no fue acompañado por la inversión necesaria, por lo que exige una respuesta estructural urgente.
Ultimátum de la Cámara Criminal al Ministerio de Seguridad
En sintonía con esta preocupación, pero como una disposición independiente, la Cámara Criminal formalizó una resolución de alto impacto. El tribunal calificó la permanencia de internos en comisarías como una situación de "ilegalidad manifiesta" e intimó a la Dirección del Servicio Penitenciario y al Ministro de Seguridad a realizar los traslados correspondientes en un plazo máximo de 72 horas.
La resolución de la Cámara advierte que, de no cumplirse con el desalojo de los condenados de las comisarías, se dará intervención a la fiscalía de instrucción por el delito de desobediencia a la autoridad. Además, el tribunal exigió un informe transparente sobre el cupo real de cada unidad penitenciaria y un plan de obras verificable para generar nuevas plazas.