Cuenca

YCRT: "Existe el caso de una mujer embarazada cuando la despidieron"

Verónica Sánchez, una de las abogadas que patrocina a los cesanteados, explicó quién financia su asesoramiento. Su par, Valeria Carreras, trabaja en el estudio jurídico del Dr. Fernando Burlando, aunque en su caso es asesora externa. "Es gente que vive ahí, que tiene domicilio en Río Turbio y no es gente paracaidista", remarcó. 

Los despedidos de YCRT se manifestaron en el izamiento dominical.
Los despedidos de YCRT se manifestaron en el izamiento dominical.
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Verónica Sánchez y Valeria Carreras, como adelantó TiempoSur en su edición del domingo, son las dos letradas que llegaron el viernes pasado a la Cuenca Carbonífera para patrocinar a los despedidos de YCRT.

La Dra. Carreras es asociada el estudio jurídico del mediático abogado Fernando Burlando, quien además es querellante de un grupo de familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

Pero Sánchez, especialista en derecho laboral, aclaró a este medio que solo realiza representaciones externas para el mismo estudio jurídico.

Si bien lo había adelantado a TiempoSur, en esta oportunidad, se explayó sobre una pregunta inevitable: ¿Quién costea los gastos de representación legal?

"Nosotros costeamos todos los gastos porque es un cliente que conocemos hace 20 años. Uno de los trabajadores nos convocó, su padre nos conoce hace 20 años", señaló.

Sostuvo además que son casos "interesantes".

"Por suerte podemos elegir el trabajo y no dependemos de lo económico, porque nos  gusta y no pasa por el dinero porque por ahí se preguntan cuánto le puede dejar al abogado y por qué se vinieron para acá (Río Turbio) pero nos interesa el tema", detalló.

LOS GASTOS

Sánchez es conocida por llevar varias defensas laborales conocidas. Una de ellas  es haber patrocinado a mozos del histórico bar de la calle Corrientes "La Giralda" durante el 2018, la causa por los despidos de Jafer SRL y el famoso caso contra la prepaga Médicus en 2009, en donde la  Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró que la negativa de la empresa a recibir los certificados por medio de los cuales intentaba justificar sus inasistencias un trabajador, configuraba una situación de acoso laboral siendo ajustado a derecho el despido indirecto. 

"Costeamos los gastos porque lo conocemos, le tenemos cariño y nos pareció un tema interesante. Además nos fuimos interiorizando en el tema", indicó. 

Por ahora los amparos serán presentados de forma individual, aunque actualmente se  están contestando los telegramas de despido. 

Los amparos podrían unificarse para ser colectivos pero la letrada señaló que  "cada uno tiene su historia". "Queremos y nos interesa resaltar la historia de cada persona, porque por ejemplo, existe el caso de una mujer embarazada cuando la despidieron, otra en periodo de lactancia, un padre a cargo de dos chiquitos, un matrimonio despedido... Por eso cada situación es particular", describió. 

"Nosotros defendemos a los trabajadores, con independencia del tema político, que se está peleando el gobierno que salió y el que entró. Esta gente no tiene nada que ver, es gente que quiere trabajar y necesita trabajar, por lo menos la gente que entrevisté", añadió.

Recalcó que en la Cuenca se tomaron el trabajo de entrevistar caso por caso y que siguen recibiendo demandantes. "Nos tomamos el trabajo de entrevistar persona por persona y preguntarle a cada uno su situación personal. Es gente que vive ahí, que tiene domicilio en Río Turbio y no es gente paracaidista que cayó. Además la mina es la única fuente de ingresos y para ellos es como un ascenso social trabajar en la mina, sumado a que había gente que proviene de familia de mineros", sentenció.

Cada despedido deberá luego firmar un poder para que los expedientes se tramiten en Capital Federal, ya que los recibos de sueldos se envían desde la oficina de YCRT  de dicha ciudad.

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