UTA marchará ante el incumplimiento de lo acordado con el Municipio

A pesar de tratarse de un servicio esencial, según lo expresa el DNU 297/2020 emitido por el Gobierno nacional, el transporte público de pasajeros no funciona hace 70 días en la ciudad de Río Gallegos, generando un perjuicio en cientos de familias trabajadoras que se han visto obligadas a buscar otras alternativas, mucho más costosas, y por momentos inaccesibles. A lo largo de estos más de dos meses, hemos escuchado en más de una ocasión a los referentes barriales exponer cómo los vecinos, “para ahorrar algunos mangos” terminan caminando más de 12 kilómetros desde algunos barrios para cumplir con trámites o sus responsabilidades laborales. Vale la pena recordar que desde el mes de marzo pasado el Ejecutivo municipal y la empresa Maxia SRL atraviesan una puja judicial que no ha hecho más que dejar sin servicio a los vecinos, pero no solo eso, sino que también los trabajadores han quedado inmersos en un conflicto que los tiene sin cobrar parte sus haberes. Algo que al parecer ya no estarían de acuerdo a soportar. En principio, vale la pena remarcar que la audiencia mantenida el pasado día miércoles entre el Municipio y el juez Francisco Marinkovic, ha pasado a un cuarto intermedio hasta el próximo día lunes, aún sin definición alguna en cuanto a la continuidad del servicio.

En cuanto a la situación de los trabajadores de la empresa, vale la pena mencionar que a fines del mes de julio se reunieron con el intendente Pablo Grasso, el secretario de Hacienda, Diego Robles, el administrador judicial de la base Río Gallegos de Maxia, José Luis Gómez, y el secretario general de la UTA, Rubén Aguilera, donde recibieron el compromiso por parte del Ejecutivo de abonar la totalidad de lo adeudado, hasta ese momento el mes de junio y el aguinaldo de mitad de año. La Comuna había recibido el visto bueno por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia, para avanzar en la regularización de los atrasos salariales que la empresa mantenía con los choferes y personal de mantenimiento, lo haría a cuenta de lo que la Justicia resuelva en la mediación entre el prestador y la prestataria.

Si bien avanzó en esos compromisos, lo cierto es que al día de hoy adeudan el mes de julio y se acerca el pago del mes de agosto, por lo que los ánimos en los trabajadores y el gremio no son los mejores, sobre todo porque, según el propio Rubén Aguilera, “el Municipio está recibiendo los aportes provinciales y el subsidio nacional”, comentó a TiempoSur al afirmar que “los están reteniendo”.

“Tienen a una ciudad sin transporte público y a 56 familias padeciendo sin el salario”, remarcó.

Para repasar, Aguilera insistió en que “se adeuda el mes de julio y está próximo a vencer agosto. Tienen acreditados los subsidios provinciales y nacionales, y están reteniendo todo eso que tendría que estar en los bolsillos de los trabajadores” y continuó: “El Municipio tiene obligación porque la primera notificación del juez Bersanelli dice que tomaba posesión de la empresa y se tenían que hacer cargo de los salarios. Deben aportes, retenciones de cargas sociales y sindicales”.

Para finalizar, aclaró que “a nosotros no nos importa mucho la actuación de la Justicia, quien deposita a cuenta. El trabajador quiere percibir su salario, el cuarto día hábil, después la problemática o la pulseada que ellos tengan es ajena al trabajador”, y adelantó: “Nosotros no vamos a manifestar, estamos evaluando los protocolos, pero vamos a salir a la calle. El Municipio intentó expropiarse de una empresa privada y no sabe cómo revertir esa situación”.