Suspenden al Presidente del Comité de la UCR por Violencia de Género y está con tobillera

El sábado por la noche, la UCR de Santa Cruz informó que en una reunión plenaria extraordinaria consideró los antecedentes y la documentación respaldatoria respecto de la causa por Violencia de Género en el marco del Expediente N°3103/20 del Juzgado de Primera Instancia de la Familia de Caleta Olivia, por lo que resolvió la “Suspensión Preventiva” del presidente del Comité de Caleta Olivia, Matías Quinteros, en el ejercicio de su cargo.

“Todo esto teniendo en cuenta la gravedad del caso y el posicionamiento ético y político plasmado en el Código de Ética que forma parte de la Carta Orgánica provincial de nuestro partido y los valores doctrinarios que defendemos”, indicó el comunicado oficial.

La causa judicial de índole privada, que trascendió públicamente, incluye a dos dirigentes radicales: Quinteros, quien el año que viene cumpliría 10 años al frente del Comité de Caleta Olivia y a Paula Obaya, ex pareja de Quinteros -separados desde 2019- referente de la Red de Mujeres Radicales de Santa Cruz.

Al margen de la causa, ambos apoyaron a dos precandidatos –de un total de seis- de “Cambia Santa Cruz” que se midieron en las PASO. En el caso de Obaya, fue compañera de lista de Omar Zeidán de “Evolución Santa Cruz”.

Quinteros no integró ninguna fórmula pero dio respaldo a la Lista “Cambia Santa Cruz con Vos”, liderada por Leonardo Roquel, quien quedó como acompañante de Roxana Reyes, en la fórmula oficial que competirá el próximo 14 de noviembre.

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Denuncias

Según pudo conocer TiempoSur, existirían varias denuncias de parte de Obaya hacia Quinteros por violencia de género, que incluirían acoso e incluso presunta difamación hacia la dirigente radical.

La primera denuncia se habría realizado en 2019, las siguientes luego de la separación de la pareja.

Existe además, según una Resolución de la jueza Subrogante, Rosa González, del 25 de junio, la prohibición para ambos de “efectuar cualquier manifestación pública que en algún modo denigre el buen nombre y honor de la otra parte”.

De acuerdo a esta misma Resolución, se ordenó  disponer de dispositivos duales, los que se destinan a víctimas de violencia de género, al ser herramientas de geolocalización utilizadas para garantizar el efectivo cumplimiento de medidas cautelares dispuestas por el Poder Judicial, en el marco de procesos judiciales. Estos equipos se componen de dos unidades de rastreo que se entregan tanto a la víctima como al agresor.

Es decir, una medida de restricción para que Quinteros no se acerque a Obaya, a no menos de 500 metros.

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También la Jueza resolvió que ambos “deberán suscribir el Acuerdo de Responsabilidad a los fines de implementar el dispositivo, siendo obligatorio para el agresor, quien en caso de negativa, será custodiado en forma personal por un efectivo policial, las 24 horas del día y en todo lugar en que el mismo permanezca por el plazo que reste la duración de las medidas de autos o su prórroga”.

Esta Resolución destaca que las medidas que deberán ser monitoreadas para su cumplimiento fueron ordenadas el 4 de mayo de 2021 “y consisten en:

-prohibición de acceso y acercamiento” de Quinteros al domicilio de Obaya, y en la vía pública a una distancia no menor a los 500 mts, durante 180 días vigentes hasta el día 4 de septiembre de 2021. Supuestamente esta prohibición fue prorrogada  hasta el 10 de diciembre.

También existe una prohibición de comunicación y contacto por cualquier vía “ya sea en forma telefónica, mensajes de texto, redes sociales, debiendo las partes abstenerse de efectuar cualquier manifestación pública que en algún modo denigre el buen nombre y honor de la otra parte”, como fue mencionado anteriormente. En ese momento, la Jueza dispuso que hasta que se implemente el dispositivo dual, existiría custodia policial hacia Quinteros “quedando autorizada la autoridad policial a ingresar al domicilio en el que el denunciado se encuentre”.

La magistrada ordenó además, mediante un oficio hacia el jefe del Centro de Monitoreo a cargo del comisario Sebastián Cancinos y a las Divisiones Comisarías que correspondan al domicilio de las partes, para que “a los fines de su implementación en forma urgente a través del Centro de Monitoreo, conforme el Protocolo de actuación de la Resolución del Ministerio de Seguridad Provincial N° 265/20 debiendo oportunamente previa entrevista con la víctima y firma de Acuerdo de Responsabilidad, demarcar las Zonas de Exclusión para el Agresor y mantener comunicado a este Juzgado de Primera Instancia de la Familia de cualquier novedad, bajo apercibimiento de ley”.