Río Gallegos

Se avivó la polémica por el transporte público tras el secuestro de colectivos de MAXIA

Ante la necesidad de los vecinos de contar con el servicio, el juez Bersanelli ordenó que la Comuna capitalina tome posesión de las unidades de la empresa con el fin de retomar y garantizar el traslado de pasajeros. Para Grasso esta acción es para decir “basta de extorsión”, mientras que el abogado de la firma apuntó contra la causa.

Minutos antes de las 18:00 de ayer, los funcionarios municipales se apersonaron en la base de operaciones de MAXIA. (C. González)
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TiempoSur pudo conocer que en el día de ayer el juez Marcelo Bersanelli ordenó el secuestro de todos los colectivos de la empresa MAXIA S.R.L. La medida debía efectivizarse previo a un inventario de todos los bienes existentes que la firma posee en el predio de calle Juan Bark N°225. Asimismo, el magistrado designó en el carácter de depositario judicial a la Municipalidad de Río Gallegos, y además autorizó al Municipio a la utilización de los colectivos que se encuentran en dicho predio o cualquier otro con el fin de garantizar el transporte de pasajeros.

Al respecto, el secretario de Gestión Legal y Técnica, Dr. Jorge Cabezas, encabezó el operativo del cumplimento de la medida judicial adoptada por el Juez. Se apersonó en la base de Maxia con un escribano y junto a funcionarios municipales para realizar un inventario, relevamiento del estado y actas de todo lo encontrado en la empresa.

Cabezas sostuvo: “Damos cumplimiento a la orden del Juez, tomamos posesión de las unidades secuestradas por la Justicia y la base de operaciones de Maxia. Este relevamiento que realizamos con un escribano y funcionarios municipales, que tuvo la supervisión del Intendente, también tiene por objeto informar al Juez de todo, ya que en este instante nos transformamos en depositarios judiciales”.

La orden de Bersanelli implica que el Municipio con las unidades, personal y base de operaciones brinde nuevamente el servicio en cuanto sea posible. Sobre este punto se aclaró que el servicio se va a brindar con los trabajadores de Maxia y no con personal municipal. Esto será mientras continúa el proceso judicial, que llevará a un nuevo llamado a licitación para el transporte público de pasajeros de Río Gallegos.

“Se terminó la especulación y vamos a recuperar el servicio para la gente”, remarcó el intendente Pablo Grasso tras esta medida de la Justicia. Indicó además que luego de tomar posesión habrá reuniones con los trabajadores de la empresa, a quienes ya adelantó que se le está garantizada la continuidad laboral.

“La ciudadanía pedía una respuesta del Ejecutivo. Queremos una ciudad más justa, basta de extorsión. Fuimos pacientes, la Justicia nos dijo que pongamos los 5 millones para que recorran, no lo hicieron, están parados los colectivos hace un montón”, dijo el Intendente. Asimismo, señaló: “Tenemos colectivos desmantelados y como Estado municipal querían que se los paguemos. La realidad es ésta. Se terminó la especulación y vamos a recuperar el servicio, para que la gente vuelva a viajar”.

 

Vicentín santacruceño

Luego que el Municipio de Río Gallegos tomara posesión de los colectivos de la empresa a raíz de una resolución del Dr. Bersanelli, el representante legal de la prestadora advirtió un “Vicentín santacruceño”. El abogado Santiago Pinto advirtió en diálogo con Tiempo FM que hubo irregularidades en la resolución y se avasalló la propiedad privada.

“Es una medida que nos agarra por sorpresa. Pudiendo tomar vista del expediente, vemos que la Municipalidad hizo una serie de presentaciones básicamente pretendiendo que se coloque en responsabilidad de la empresa la interrupción del servicio. Desde el inicio de la gestión actual la relación entre la empresa y el Municipio no fue de las mejores. Fue una sistemática reticencia a reconocer costos y abonarlos” indicó en primer lugar. Remarcó que sin fondos mantener el servicio, por los costos de mantenimiento, es “inviable”.

“Con el Municipio aguardamos 20 días una respuesta expresa, pero nos sorprendió que no estaba incorporado en el expediente el escrito que habíamos ingresado el 23 de agosto, anticipando esta serie de incumplimiento” continuó Pinto. Relató que el escrito que presentaron ellos no fue anexado al expediente.

“Esto es una versión del Vicentín que sucede en el país. Se hace tabla rasa con derecho de prioridad y de los usuarios”.