Saber qué comemos

Saber que comemos es fundamental para tener una buena nutrición. En algunos países esto fue comprendido por la legislación nacional y los alimentos tienen en su empaquetado octágonos negros que dicen si algo es o no alto en grasas o  calorías. El ejemplo más cercano que hay en Río Gallegos es el caso de Punta Arenas, teniendo en cuenta que hay una legislación que obliga a tener estos datos visibles en el paquete. Antes de la pandemia, era común comprar estos ítems y ver el aviso en negro que alertaba su información nutricional. Ahora a nivel nacional esto se volvió a discutir y hay un proyecto con media sanción en Senadores, que volvió a ser estudiado en la cámara baja. Ayer se realizó el último estudio en comisiones, previo a su tratamiento en el recinto pese a que todavía no hay fecha. Esta iniciativa viene a dar respuesta a varios pedidos de nutricionistas, que buscan que el consumidor tenga en cuenta lo que está por ingerir y los efectos que por ejemplo, una comida alta en calorías puede tener en su cuerpo. Esto se hace necesario aún más en tiempos de pandemia, donde durante un año las actividades físicas quedaron limitadas a las paredes del hogar y aumentaron los índices de sobrepeso en todo el mundo.

Si bien ya cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, deberá pasar en segunda instancia por su aprobación en Diputados. Luego será el Gobierno nacional el encargado de vetar o promulgar publicando la normativa a través del Boletín Oficial. Luego se decidirá el organismo de contralor.

El proyecto sancionado por el Senado busca advertir a los consumidores sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de dar información clara, oportuna y veraz.

Además, procura promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

De aprobarse la iniciativa, los productos que sobrepasen los límites fijados por el organismo deberán tener en el frente de sus envases una etiqueta octogonal negra, con borde y letras de color blanco, que advierta sobre el exceso del nutriente crítico que corresponda en cada caso.

La iniciativa recibió media sanción del Senado el 29 de octubre pasado por una amplia mayoría, al cosechar 64 votos a favor y 3 en contra, de las tucumanas Silvia Elías de Pérez (UCR) y Beatriz Mirkin (FdT), y la riojana Clara Vega (Parlamentario Federal).

El proyecto cuenta con aval de numerosas organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas dedicadas a la defensa del consumidor, además de asociaciones médicas, que ponen el énfasis en la importancia de la promoción de la alimentación saludable que plantea la propuesta.

A favor y en contra

Philip Pérez, presidente de la Cámara Argentina de Anunciantes, quien aclaró que “la industria está dispuesta a reducir la comunicación dirigida a niños de productos que no cumplan con ciertos criterios nutricionales”. No obstante, planteó que el proyecto debe hacer una distinción entre “niños” y “adolescentes”.

Por su parte, Guillermina Gulo Tieri, secretaria de la Asociación Civil Justicia Colectiva, remarcó que en el caso de los adolescentes “no porque sean sujetos en formación y por la capacidad progresiva que les reconoce el derecho, se les puede dar menor protección”.

Alejandro Díaz, CEO de AmCHAm Argentina, Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, afirmó el acompañamiento a los objetivos del proyecto, pero subrayó que debe evitarse “la generación de obstáculos al comercio, a la producción y especialmente a las economías regionales”. De mantenerse la redacción actual, “se impone un sistema de advertencia rígido, que se convierte en un modelo punitivo”, opinó.