Rige la medida de no innovar

El 23 de septiembre pasado TiempoSur publicó el acta firmada por la Comisión de Patrimonio Cultural convocada para evaluar la obra del Centro de Monitoreo, la cual daba sentencia sobre que “la construcción del Centro de Monitoreo y Observatorio Municipal, no afecta la preservación de los espacios adyacentes, dando lugar a la ejecución de la obra”, pero como ya había adelantado TiempoSur el documento traería críticas y sobre todo una mirada desfavorable por parte de la Justicia, es que entre otras cosas, había sido firmada solo por funcionarios municipales, dos arquitectos amigos de la gestion, el presidente de la Junta Vecinal El Puerto, y llamativamente no contenía la aprobación de ningún profesional entendido en temas de patrimonio.

A modo de repaso, vale la pena mencionar que luego de dos amparos presentados en los estrados del juez Francisco Marinkovic para el cese de la construcción del Centro de Monitoreo y Observatorio de Río Gallegos, el 18 de agosto del corriente año, el Municipio designó a la Dirección de Gestión Cultural como autoridad de aplicación encargada de velar por el cumplimiento de la ordenanza de preservación patrimonial que se encuentra vigente en la actualidad. En el contexto del expediente el juez ordenó conformación de una comisión evaluadora y en caso de ser necesaria una consulta pública. Justamente esto era lo esperado por las partes involucradas en los amparos mencionados, pero finalmente nunca sucedió, y el acta favorable a la gestion municipal fue firmada por una comisión creada a los fines de cumplir con los objetivos.

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En el día de ayer, las partes involucradas en la judicialización de la obra recibieron un nuevo dictamen de Marinkovic, en este caso fallando alrededor de los presentados por el Municipio en el acta anteriormente mencionada. La resolución sostiene que “la autoridad de aplicación no ha dado cumplimiento con ninguna de las obligaciones que la ordenanza le impone”, por lo cual expresa “que todo lo actuado es nulo”, haciendo principal hincapié en que “el área de Cultura de la Municipalidad no está conformada por ninguna persona o profesional que esté calificado en materia de patrimonio cultural, arquitectónico, ambientalista o natural, paleontólogo”, y continuó: “Pese a que dicho artículo hace mención a la preservación de esos bienes materiales e intangibles”, haciendo referencia al acta firmada.

Marinkovic recuerda que “la Comisión de Patrimonio debe emitir un dictamen que contenga la opinión de sus miembros y en este caso el acta agregada contiene la descripción de que se han reunido las personas que se mencionan, pero no existe ni se agrega ningún dictamen de la Comisión”.

Tal como lo había planteado TiempoSur en su nota “Hecha la ley, hecha la trampa”, el "Acta" propuesta por el Municipio como acto de cumplimiento de la sentencia “no reviste las condiciones mínimas para considerarse un dictamen emitido por especialistas o ciudadanos revestidos de las facultades y representación que el propio decreto de creación de la "Comisión" establece”, e insiste: La misión de esta Comisión es, fundamentalmente, asesorar y decidir en los aspectos arquitectónicos, históricos y culturales; y la pregunta pendiente es si esa finalidad se ha cumplido de modo mínimo”.

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Por este motivo, resolvió “se declare la nulidad del Acta celebrada el 14 de Septiembre de 2020 por la Comisión Municipal de Patrimonio Cultura; actuación que, más allá de la declaración de nulidad, no se cumple los recaudos previstos por la Ordenanza 8043, Decreto 2021/20 y Ley 1260”, y rechazó el levantamiento de la medida de no innovar.

Vale la pena mencionar que, si bien la Justicia había fijado multas de 100 mil pesos por cada día que la obra avanzase, y la obra avanzó. Según pudo conocer nuestro medio, el cobro de la infracción no se está haciendo efectivo, al no haberse notificado sobre la medida de “no innovar” a la empresa, aunque sí al Municipio, quien finalmente es el responsable de la obra. Hoy deberían frenar.