Lucha contra la inflación

“Queremos defender nuestros derechos”

Así lo indicó Raúl Burgos, presidente de la junta vecinal del barrio Arrabales, quienes acompañan el trabajo de la ONG “Asamblea por los Derechos de los Consumidores”, desde donde se envió un petitorio al Presidente y funcionarios de Nación para solicitar medidas contra los aumentos en bienes y servicios.

El barrio Los Arrabales contó sus necesidades.
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TiempoSur te contó ayer los aumentos de precios en combustibles, bienes y servicios motivaron la creación de una ONG que, con participación federal, impulsa la defensa de los consumidores, con acciones directas ante el Gobierno de la Nación.
Así se formó un grupo del cual también participan integrantes de organizaciones sociales, sindicatos, Pymes, profesionales, técnicos, trabajadoras, trabajadores, vecinas, vecinos y residentes.

Desde allí, envían un petitorio al presidente, Alberto Fernández, y diferentes funcionarios, pidiendo medidas para luchar contra la inflación.

Ante esto, TiempoSur dialogó con Raúl Burgos, presidente de la junta vecinal del barrio Arrabales, quien indicó: “Nos sumamos a este petitorio en base al trabajo que venimos realizando ya desde mediados de 2019, cuando comenzamos a trabajar con ADUC, quienes están organizados a nivel nacional, por lo que nos sumamos con ellos y a través de la ONG que encabeza el doctor Osvaldo Basano nos acompañaron en el litigio y la presentación judicial por los tarifazos de gas hace un tiempo atrás”.

Luego agregó: “En base a eso, nos acercaron el petitorio y la verdad es que nos pareció correcto sumarnos en esa iniciativa, ya que nos pareció un pedido acertado porque tiene muchas coincidencias con lo que nosotros venimos atravesando acá con la constante suba de alimentos, las tarifas de los servicios públicos, los combustibles, la medicina prepaga y todo lo que es prepago”.

 

Panorama complicado

Raúl también remarcó que los grandes abusos en los servicios de las tarjetas de crédito y entidades financieras en cuanto a descubiertos o renovaciones de los plásticos son todas situaciones que, tal cual lo indica el petitorio, perjudica notablemente el bolsillo de todos los vecinos y todos los hogares.

Además, expresaron: “La salud es un derecho y tenemos que defender eso porque lo debemos tener todos, pero con estas tarifas, para que no colapse la salud pública, debemos tener medicina prepaga acorde al bolsillo de cada uno de los vecinos, pero la verdad eso no pasa y nos preocupa”.


Más problemas

Raúl también indicó: “También nos preocupa la mala prestación de los servicios públicos y en este caso nosotros acá tenemos servicios que la verdad tienen falencias como la falta de luminaria en distintos barrios y uno de ellos el nuestro, como así también la falta de inversión en el servicio de agua en barrios de la zona, con sectores donde no llega el agua y el día en que llegue va a ser un dolor de cabeza para el resto de los vecinos, porque si no hacemos algo con planificación urbana a futuro, nos vamos a ver seriamente comprometidos cuando llevemos el agua a esos sectores que tienen el mismo derecho que nosotros en tenerla”.

Además, contó que todavía tienen el problema con el gas que es otro servicio básico, pero que “no fue así el año pasado y fue muy duro para muchos vecinos de la mal llamada periferia, quienes nos pudieron acceder a ese servicio y tampoco tenían carbón o no tenían leña, por lo que el invierno fue complicado lo que atravesaron como vecinos”.

Entonces dijo que ellos van a apoyar siempre las medidas que tome el Estado nacional respecto de estas problemáticas y también piensan “que hay que hacer y reforzar las inspecciones, tratando de tener una reunión con gente de Comercio de la Municipalidad y de la Provincia, solicitando reunirnos con ellos porque las comercializadoras de alimentos y las grandes cadenas nacionales e internacionales se ven muy agitados con los precios que tenemos”.

Para finalizar, señaló: “Durante este tiempo y desde 2015, venimos haciendo grandes esfuerzos para pagar las tarifas excesivas de luz y gas, ya que fueron aumentadas sin consenso público y sin reglamentaciones que deberían haber sido cumplidas. Tenemos mucho para hablar y decir, pero coincidimos mucho con el petitorio que la ONG envió a las autoridades correspondientes”.


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