Qué significa y para qué servirá el llamado “impuesto a las grandes fortunas”

*Pablo González, diputado nacional

El Martes 17 de Noviembre la Cámara de Diputados de la Nación va a dar un debate arduo y extenso y seguramente aprobará la Ley que establece el “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la Pandemia” por cuanto la iniciativa del Bloque Frente de Todos ha sido apoyada en este caso por varios de los interbloques parlamentarios de la oposición (interbloque federal entre otros) pero rechazada por Juntos por el Cambio a lo que debe sumarse la sorpresiva ayuda/abstención de los dos diputados de izquierda (que van con un proyecto propio que saben que nadie más va a acompañar o sea la nada misma).

Lo primero que hay que aclarar es que no se trata de un impuesto sino de un aporte que se pagará por única vez que alcanza solo a las personas humanas (no jurídicas o sea no a las empresas) que tienen una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos con una alícuota del 2% que se incrementa a medida que el patrimonio va aumentando. En definitiva, son 12.000 personas (aclarándose que aproximadamente la mitad de los sujetos alcanzados tienen entre 200 y 400 millones y que la tasa mayor incluirá 300 personas) y en el caso de los bienes de las personas alcanzadas tienen en el exterior las alícuotas serán un 50% mayores.

Tan pronto como el tema fue puesto en discusión la oposición política comenzó a elucubrar su rechazo imaginando algún novedoso argumento que disimule el incómodo lugar de defender al reducido grupo de argentinos (0,04% de la población) que estará alcanzado por la contribución por única vez: el lugar común fue que afirmar sin mucho fundamento el clásico sofisma en virtud del cual la contribución excepcional afectará las “inversiones”.

Así por ejemplo la Asociación Empresaria Argentina (A.E.A) dijo que tendrá un costo mucho más alto del que se cree y sus efectos afectarán a los que menos tienen por la falta de generación de empleo (no se entiende mucho esta lógica), el otro argumento es que sería “similar al Impuesto a los Bienes Personales” y por lo tanto existiría una doble tributación (no es así por cuanto es una contribución que se paga una sola vez). Finalmente se alega su carácter presuntamente “confiscatorio” además de llegar a afirmar que “aquellos que tengan títulos argentinos, además de asumir las pérdidas que ya tuvieron sobre esos papeles deberán pagar el impuesto”. Inclusive el sector que más reaccionó en contra de la Ley fue el campo a través de la famosa Mesa de Enlace que dijo “el mal llamado impuesto a la riqueza es un tributo de carácter confiscatorio”. Todos los argumentos son técnicos y fiscalistas, ninguno tiene en cuenta la progresividad de los aportes ante la magnitud de la crisis ni la responsabilidad social de los sectores que más tienen.

¿Qué pasa en los llamados grandes países del mundo? En esta etapa de pandemia hay una aceptación en el mundo en relación a que los mecanismos de recaudación tributaria se han visto severamente afectados por la caída de la actividad y en tal contexto se señala que deben tomarse medidas de emergencia mientras se corrigen los problemas estructurales. En los países desarrollados es importante resaltar que un tributo similar está vigente en España, Francia, Noruega y Suiza y otros países como Alemania, Italia y Rusia están trabajando en iniciativas similares.

Debe señalarse también que todos los países desarrollados ya cuentan con una estructura con mayor carga sobre los más ricos que se traduce en una estructura estable más progresiva: en los países de la OCDE el impuesto a la renta explica un veinticinco por ciento de la recaudación total mientras que en América Latina solo es el diez por ciento. En América Latina el 1% de más rico tiene ingresos que explican entre el 20 y el 25 de por ciento de los ingresos de toda la población. Una gran inequidad.

En un contexto de pandemia mundial, en un país que venía en caída libre (la gestión de Macri dejó 8 trimestres de caída internanual del PBI del 3,4% en promedio) sin financiamiento externo, cuentas fiscales en rojo y con la pobreza azotando el 40 por ciento de la gente los 300.000 millones que se prevén recaudar se van a destinar (según lo establece la Ley) a: 1- comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, 2- apoyar las PyMes con subsidios y créditos, 3- urbanizar los barrios populares con obras que empleen a las/os vecinas/os de cada barrio, 4- hacer obras y equipar a YPF para producir y envasar gas natural y 5- para financiar el relanzamiento del Plan Progresar.

La equidad de la propuesta y la finalidad de los objetivos de la contribución bien vale el acompañamiento, además como bien señaló recientemente un documento de la CTA “los más ricos y las grandes empresas también se benefician de la acción estatal, de manera directa, a través de subsidios a las tarifas de servicios públicos, ayudas para el pago de salarios, créditos subsidiados, como de manera indirecta al contribuir a la reducción de la conflictividad social”.