Columna de Opinión

Nuevos liderazgos para revertir la desigualdad argentina

Por Rubén Zárate. 

  • 22/11/2020 • 11:50
Rubén Zárate. 
Rubén Zárate. 

El debate generado por el proyecto de ley ¨Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia¨ es uno de los más interesantes y necesarios que se dio en el país en estos años. Sus implicancias en lo político, social y económico se proyectan para la definición de futuras políticas públicas significativas para el desarrollo del país.

Política. Máximo Kirchner y un parlamentarismo novedoso.

En lo político se destacó el liderazgo eficaz del Diputado Nacional Máximo Kirchner quien instaló el tema en la agenda pública y formalizó la iniciativa legislativa de manera exitosa, logró la solidaridad de Ministros expresada con su presencia durante el tratamiento legislativo, así como el apoyo de muchos intendentes y algunos gobernadores.

El proceso legislativo que requirió una convocatoria a una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados para habilitar su tratamiento muestra también capacidades de gestión en ambas cámaras. El protagonismo del presidente del Bloque del Frente de Todos viene a reforzar una cierta tendencia que parece estar dando inicio a una nueva época de creciente protagonismo parlamentario donde no todas las iniciativas serán del Ejecutivo.

Considerando la gobernabilidad del sistema político esto va a requerir un mayor dinamismo de los funcionarios del gobierno nacional y sobre todo una mayor homogeneidad programática y eficacia de gestión. Las tensiones no serán solo hacia afuera por la naturaleza de los temas que emerjan, como ocurrió con los grupos económicos más concentrados en este caso, sino también hacia adentro del Frente de Todos porque en el corto plazo se deberá enfrentar la renovación del Congreso Nacional. 

Hacia el conjunto del espectro político éste no es un aspecto menor, si se consolidan este tipo de procesos emergerán nuevos juegos institucionales al que podrán integrarse sectores de varias fuerzas políticas de manera parcial, sobre todo las que tengan representación parlamentaria; en ese sentido antes, durante y después de la sesión surgieron varias señales para abordar un debate impositivo más integral de casi todas las bancadas.

Además, el escenario elegido permitió también darle sentido a la movilización de miles de militantes oficialistas en todo el país por el aniversario del día de la militancia, una fecha cara al peronismo. Se puede alegar que éste es un aspecto doméstico y sectorial de la política, pero en una coalición de gobierno que excede el espectro del partido justicialista no es un dato menor y que eso haya sido provocado por quien lidera la bancada oficialista con un proyecto que al inicio no parecía tener todos los apoyos, tampoco.

La correlación entre los intereses del poder económico y las acciones legislativas han quedado evidentes, llama la atención no ya en el plano político, sino en el plano ético, que haya legisladores que se opongan de forma tenaz a este aporte excepcional.  Pero la historia indica que cuando la política por la justicia social tensiona a la sociedad en un debate abierto algunos comportamientos son más evidentes, entre ellos la vocación imperturbable de judicializar toda política progresista de la derecha y las rigideces de la izquierda para afrontar los desafíos de la época.

Economía. Fiscalidad y concentración.

Este debate fiscal para crear ¨con carácter de emergencia y por única vez, un aporte extraordinario que recaerá sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019¨ de las personas humanas y las sucesiones indivisas, tuvo la virtud adicional de darle visibilidad a quienes concentran buena parte de las decisiones económicas y financieras en Argentina.

Es de interés público que forme parte de esta descripción y cálculos la Administración Federal de Ingresos Públicos, esto le otorga un valor ciudadano como organismo que debe proveer información significativa para tomar decisiones. La pregunta de cómo generar nuevas leyes que terminen con esta desigualdad ofensiva que se viene instalando en argentina no pueden ser solo charlas frívolas sobre el ranking de Forbes.

El análisis detallado del articulado, en particular sobre el objeto imponible, muestra también la debilidad de quienes insisten que este tipo de instrumentos fiscales dificultan las inversiones y también su desconocimiento de cómo funcionan los incentivos fiscales en el mundo para favorecer las inversiones en sus economías nacionales, que justamente presionan sobre las fortunas personales como en este caso y no sobre el capital de las empresas.

Es fácil de entender, si todos los alcanzados por este tributo por única vez hubieran invertido sus ganancias antes del 31 de diciembre de 2019 los aportes del 2% al 3,5% serían ínfimos y en el país se generarían más empresas y más empleos.  

Nada impide pensar que como en los países de OCDE, pero traídos a las escalas argentinas, esas casi 10.000 personas que poseen más de $200.000.000 en su patrimonio personal si tuvieran regulaciones fiscales permanentes sobre sus ganancias personales tendrían un mayor estímulo para ampliar sus empresas, promoviendo las reinversiones o incluso invirtiendo en la producción en lugar de tenerlos inmovilizados en el sistema financiero, muchas veces off shore para eludir impuestos.

La realidad muestra que habrá que debatir más temprano que tarde una estructura fiscal más justa. La historia indica que de abordarlo de la perspectiva de agregar regulaciones que incentiven a realizar inversiones productivas a las fortunas que han acumulado a saltos de estatizaciones de deudas privadas, sistemas financieros de tasas excepcionales para grandes capitales o blanqueos periódicos, será necesaria una nueva generación de líderes.

Social. Desigualdad y distribución.

La pandemia de COVID-19 operó como un gran escáner que puso arriba de la mesa la enorme desigualdad social, que el gobierno nacional no esquivó. El liderazgo del presidente Alberto Fernández basado en una ética del cuidado permitió disminuir sufrimientos en lo sanitario y amortiguar la crisis social.

La enorme batería de ayudas sociales, compensaciones empresariales y protecciones laborales que se generó para hacer frente al impacto coyuntural de la pandemia solo se puede explicar por una enorme vulnerabilidad laboral producto de la informalidad y una sociedad empobrecida por un lado y por otro, grandes fortunas que se beneficiaron por dinámicas económicas de largo plazo.

En ese sentido el objeto del gasto previsto en el proyecto de ley aprobado es claro y va en el sentido de las políticas públicas, incluso en su distribución federal prevista en su Art. 8 y su uso según el Art. 7, 1) 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria. 2). 20% a subsidios a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en los términos del con el principal objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de sus trabajadores. 3) 20% destinado al programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación. 4) 15% a los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) enfocado en la mejora de la salud y, 5) 25% a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, considerando el interés público nacional y que deberá reinvertir las utilidades.

Retomar este debate fuera de la emergencia sanitaria requiere no olvidar que será necesario un régimen fiscal para atender las necesidades actuales y futuras de al menos cinco millones de niños y niñas menores de 14 años pobres y no menos de tres millones de personas en situación de indigencia.

Luego de este debate ya no será posible obviar la dimensión social de un país profundamente desigual donde menos de 10.000 personas, en un sistema social y económico en crisis recurrentes han logrado fortunas de más de 200 millones de pesos mientras el 53% de niñas y  niños no alcanzan el umbral de pobreza.

*Rubén Zárate es Profesor Titular e Investigador Universitario. Instituto de Trabajo, Economía y Territorio. Universidad Nacional de la Patagonia Austral.