No se abrirá una investigación penal por la denuncia de supuesto desfalco en municipio

El edil Damián Pessolanno (PO) y todo el cuerpo de Concejales de Perito Moreno aprobaron una resolución para que el intendente Mauro Cassarini, informe los motivos del apartamiento del responsable de liquidar sueldos, quien habría malversado fondos y en donde el Jefe Comunal no inició ningún sumario para investigarlo.

Se trata del caso publicado a inicios de septiembre por TiempoSur, que derivó en una denuncia penal del concejal Pessolano ante la fiscalía a cargo de Ariel Candia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El Fiscal evaluó la presentación, que incluía otros pedidos y concluyó que  antes que una denuncia, existen otros caminos administrativos que deben agotarse, pero además que no existe demasiada información que la justifique.

En su escrito, señaló que el 28 de junio el HCD de Perito Moreno solicitó al Ejecutivo Municipal un informe sobre la situación actual del responsable de la liquidación de sueldos, y que en los  considerandos de la resolución “los ediles manifiestan su preocupación, basada en consultas recibidas de parte de ciudadanos y los empleados municipales respecto a supuestas irregularidades en el Área de Liquidación de Sueldos y que dieran lugar a un cambio y/o rotación de personal”.

Señala que a esta denuncia “le caben las mismas consideraciones vertidas en torno a las atribuciones del Tribunal de Cuentas”, y que “los ediles no se explayan en relación a cuáles serían los actos irregulares a los que hacen referencia, por lo que resulta imposible iniciar una investigación con la escasa noticia comunicada”.

En la denuncia, Pessolano además pidió se investigue la no presentación en tiempo y forma de los Presupuestos 2017; 2018; 2019 y 2020; la contratación de empleados fuera de toda legalidad, sin obra social; pedido de información sobre la administración del Aeropuerto, por el funcionamiento de un generador eléctrico y hasta por efluentes cloacales.

En muchos de estos casos, el Fiscal señaló que se deben canalizar por medio del Tribunal de Cuentas, o como en el caso de la no realización de aportes jubilatorios a los trabajadores, a través de Ministerio Trabajo o la Subsecretaría de Medioambiente en el caso de efluentes  cloacales.

Al finalizar el escrito, Candia señaló que

“de lo expuesto se desprende que hay un órgano administrativo creado específicamente a los fines de controlar los actos de la administración. Por lo que considero que al respecto se debe agotar la vía administrativa en forma previa”, y que “la presente denuncia no debe prosperar, considerando que la Justicia Penal resulta la última ratio en materia de investigación de estos hechos de administración y como quedó dicho, resulta necesario que previamente se agote la vía  administrativa en forma previa”, sumado a que “no surgen elementos de pruebas suficientes para abrir una investigación  en esta sede penal”.