No es vida cuando se fuerza a alguien a vivir en el sufrimiento

Tras la sanción de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Interrupción Voluntaria de la Vida se abre camino en la agenda mediática y legislativa. Ya previo a las PASO trascendía que esta sería una de las discusiones planteadas una vez terminados los comicios, y fue justamente hace pocas semanas que legisladores de la UCR han ingresado a ambas cámaras el proyecto que plantea la legalización de la interrupción voluntaria de la vida, lo que se espera lleve un amplio y gran debate de cara a los próximos meses. Los legisladores mendocinos Julio Cobos y Pamela Verasay, de Juntos por el Cambio, impulsan la iniciativa en la Cámara Alta, mientras que Alfredo Cornejo, Jimena Latorre y Alejandro Cacace lo hacen en la Cámara Baja. Justamente fue este último quien dialogó con TiempoSur para hacer referencia a tan controversial debate.   

En principio Cacace recordó que “en Argentina ya tenemos regulada la muerte digna, en ciertos casos, por la Ley N° 26.529. Enfermedades incurables irreversibles, terminales, con padecimientos grades, insoportables”, aunque aclaró que “la muerte digna solo autoriza a interrumpir los tratamientos que están prolongando artificialmente la vida, es lo que se conoce como ortotanasia o eutanasia pasiva”, y continuó: “lo que no está regulado o no está permitido es la eutanasia activa, que es poder solicitar la asistencia para poder morir, una persona que puede continuar viva pero con una enfermedad que no tiene cura el padecimiento es insoportable”.

Vale la pena remarcar que, como mencionó el legislador, es una práctica regulada en otros países del mundo, y sin ir más lejos, esta propuesta presentada en ambas cámaras del congreso de la nación, es tomada de la Ley promulgada por los españoles. “Lo que queremos es poder autorizar esto en Argentina porque cada vez se van conociendo casos o hay acciones judiciales de quienes se encuentran en esta situación, y quienes, por una cuestión de humanidad piden que se les autoriza a no vivir más. Entonces creemos que debe ser ante la casuística, un tema regulado y autorizado como derecho”, remarcó el hombre del cuyo.

Consultado sobre la elección del modelo a seguir, el legislador explicó: “De algún modo tanto los juristas, como los profesionales médicos, tienen conocimiento a partir de esta Ley, una cuestión de proximidad cultural también tiene. Es una ley que ha acumulado cierto tiempo de ejercicio de aplicación y había que presentar un proyecto sobre el que discutir”. El proyecto comenzará su transitar por las diferentes comisiones, se buscará la intervención de la sociedad. “Queremos escuchar muchas opiniones, hay cosas en particular que hay que definir, como la solicitud, quien interviene para autorizar y nos pareció que era comprensible en esta ley establecer una comisión interdisciplinaria para evaluar los casos. Lo realmente importante es comenzar el debate en el congreso”.

Por otro lado, si bien entiende que están dadas las condiciones para avanzar en este proyecto, también es consciente de que “genera controversias y hay quienes se oponen duramente sobre la base de sus creencias, pero hay gente que le parece lógico que este establecido porque conoce sobre experiencias y los pone empáticos ante la situación. Va a ser una discusión polarizada, pero debemos dar un debate muy amplio”.

“No es vida cuando se fuerza a alguien a vivir en el sufrimiento y solo por la voluntad del resto se lo obliga a continuar de esta manera”, cerró.