Un duro conflicto entre el SOMU (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) y las cámaras del sector pesquero CAPIP, Capeca y CEPA, generó un gran revuelo que hasta puso en riesgo la campaña de pesca del langostino, vital para los marineros de las localidades de Chubut (Puerto Madryn) y Santa Cruz (Puerto Deseado). “Para esta temporada de pesca del langostino les dijimos que debían reformular los pagos. En el 2006 se establecieron valores en dólares, se vendía a 10 dólares el kilo y hoy a 5 como mucho. Se les dijo que esos valores como referencia necesitábamos renegociarlos, que no iban a significar una reducción en el salario del bolsillo. Ellos dicen que no, que los valores no se tocan”, indicó a TiempoSur Eduardo Román, gerente general de la cámara empresaria Capeca. Al respecto, indicó que alrededor de 100 barcos, que emplean a unos 3 mil trabajadores, no salieron a pescar por este conflicto. El SOMU “está hablando de una baja de sueldo, cuando en realidad es reformular un ítem, fijarlo a otros valores, pero que en el bolsillo van a ganar igual o mejor”, subrayó el empresario. Las desmentidas- El SOMU viene implementando medidas de fuerza para oponerse a la modificación del valor de referencia del langostino, mientras que el empresariado sostiene que incluso con ese cambio estarían saliendo a pérdida. A un mes de haber empezado la temporada de pesca, las cámaras del sector salieron en conjunto a desmentir versiones del SOMU. Mediante un comunicado dado a conocer ayer, aclaran que el componente variable seguirá atado al valor del dólar, es decir, que no se pesificará. Para las cámaras las afirmaciones de los dirigentes del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), “solo intentan confundir a los trabajadores de la pesca y a la opinión pública en general”. En primer lugar, desde la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPECA), la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA) señalaron que “es falso que las empresas estén proponiendo una baja del 40% del salario. Se propone un incremento que va del 5 al 10% con relación al salario cobrado en 2019. Los trabajadores van a ganar más que lo ganado el año pasado”. Asimismo, también desmintieron que las empresas pretendan pesificar los ingresos. “La propuesta garantiza que el ingreso variable del trabajador pesquero siga atado al dólar” y agregaron que lo que se pretende discutir es “que sea a un valor del langostino más en sintonía a los precios del mercado internacional, y no a valores de hace 14 años”, resaltaron. En ese sentido, sostuvieron que es mentira "que esta discusión se pretenda llevar a todas las especies. Y un ejemplo claro en ese sentido es el acuerdo sobre el calamar, que se atendió el reclamo de los trabajadores y se aumentó el cálculo base de sus ingresos”. “Frente a esta situación, el Gobierno nacional intentó establecer una mesa de diálogo, donde circularon distintas propuestas para evitar la profundización del conflicto y que se pierdan los 500 millones de dólares que ingresan al año por exportación de langostino. Sin embargo, las autoridades del gremio respondieron con un paro general”, agregaron desde las cámaras empresarias. “Estamos frente a un esquema inviable”- En tanto, consideraron que “en el actual contexto, el trabajador promedio pretende garantizar su fuente de trabajo, la continuidad de sus ingresos para el sostén de su familia y que su salario no pierda valor. Y hoy, a un mes de haber comenzado la temporada, lamentablemente deben enfrentar la incertidumbre de no saber si van a poder trabajar. En octubre finaliza la temporada y lo que no se pesque este año, no se pesca más". Por último, y en relación al SOMU, afirmaron que “la dirigencia gremial debe entender que las condiciones del mercado cambiaron para todos. Con niveles altos de producción y un valor internacional en caída (el precio del congelado a bordo bajó de USD/Tn 9.531 en 2006 a USD/Tn 4.755 en la actualidad), no se discuten márgenes de ganancias: Estamos frente a un esquema inviable”. “Salir a pescar en estas condiciones implica una pérdida de US$ 1.271 por tonelada. Las empresas corren riesgo de quebrar y de tener que bajar sus persianas, y los trabajadores de perder sus puestos de trabajo. La respuesta a esta situación debe ser más diálogo, responsabilidad y compromiso de todos, y no promover actitudes que intenten generar desabastecimiento y caos social, como los recientes bloqueos en los accesos a las plantas en Puerto Madryn y Puerto Deseado, entre otras medidas”, finalizaron.