Derechos

“La marcha del orgullo es una marcha de valentía”

Fueron las palabras de Javier Astorga, parte de la comunidad LGBTQ en Río Gallegos. La convocatoria será mañana a las 16:00 en Kirchner y San Martín.

Javier Astorga, de la comunidad LGBTQ en Río Gallegos.
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“Nunca me pidieron mi nombre ni mi DNI. Me decían ‘mirá cómo habla este maricón’ y ahí empezaron las piñas y las patadas”, lamentó el joven en una entrevista en Tiempo FM hace un par de semanas. La violencia institucional lo golpeó tan fuerte que lo dejó internado en mayo y se animó a denunciar en junio.

La discriminación a gays, lesbianas, bisexuales, travestis, trans, queers y más, tiene muchas caras, lamentablemente, el odio por parte de la policía es sólo una de ellas. Por ello, Javier, con la fuerza que implicó haberse parado frente a la Jefatura de Policía exigiendo la separación del cargo a los seis policías de la comisaría 6ta que lo torturaron con una bandera de los colores del arcoíris, marchará este lunes. “Va a ser bastante fuerte pero tengo muchas ganas de acompañar porque cada persona que se suma agranda la causa y voy sanando esto que me sucedió”, expresó.

Hoy se cumplen 51 años de una brutal represión en Estados Unidos, cuando policías de Nueva York reprimieron a las personas que asistían al club Stonewall y respondieron con resistencia, siendo un evento bisagra en la lucha por la igualdad. El movimiento se levantó diciendo basta a la violencia de quienes deciden no limitarse a la heteronorma.

La distancia temporal y de latitudes demuestran que la problemática de la violencia es mundial y está arraigada en el ordenamiento social hace siglos. No es una fobia porque no da miedo, se traduce en violencia. Será la quinta edición en la capital de Santa Cruz y a nivel nacional hay convocatorias presenciales y en las zonas con cuarentena más estricta, se desarrollará de manera virtual.

Esta violencia en su expresión más dolorosa son los crímenes de odio. Según Agencia Presentes, en 2019 aumentaron los crímenes de odio en relación a los años anteriores. Se registraron 117 asesinatos donde la orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos.

El año pasado en el mes del orgullo se condenó a los transfemicidas de Marcela Chocobar. Se entendió el asesinato de la joven trans en 2015 como el primer crimen de odio en Santa Cruz, pero las sentencias no están firmes y el cuerpo de Marcela todavía no aparece. Sus hermanas, que se han convertido en parte activa de los movimientos de géneros y en contra de la violencia, apelaron al fallo judicial y denuncian públicamente que no tienen dónde llorar a su hermana.

Esta vez la marcha será distinta, tendrá distancia social y barbijos de por medio, pero no dejará de exigir un mundo menos desigual. “En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política” es una frase de Carlos Jáuregui, activista LGBT argentino que lo ha hecho trascender en la historia a pesar de haber fallecido hace más de 20 años.

Entre las exigencias que impulsan los movimientos se reconocen las violencias estructurales, como la imposibilidad del acceso a la educación formal, al sistema de salud público o a un trabajo digno. La exclusión suele funcionar con un efecto dominó y si una persona LGBT es rechazada en el hogar, en general sucede lo mismo en los otros ámbitos. Por ello, por ejemplo, travestis y trans en nuestro país tienen una expectativa de vida de 35 años.

Sin dudas el escenario es más “amigable” como se atreven a postular algunos espacios que simplemente respetan el “derecho a ser” de los demás. Legislaciones como las referentes a ESI, matrimonio igualitario e identidad de género han posicionado a Argentina como un país de avanzada en estos derechos en comparación a los otros de la región.

Pero estas manifestaciones no serían necesarias si no se notaran deficiencias para su aplicación y una violencia que, en mayor o menor medida, todavía no cesa. Por ello Mesa de Mujeres y la ONG Diversidad en Acción Marcela Chocobar impulsan estas medidas, que al igual que la discriminación, en Río Gallegos, no se suspenden por cuarentena.