La Ley de alquileres podría ser derogada y volvió a abrirse debate en torno a ella

En la previa de una nueva sesión en la Cámara baja del Congreso, se volvió a poner en agenda la Ley de Alquileres. Mientras parte del oficialismo busca modificar la normativa impuesta durante la era de Mauricio Macri, desde la oposición también hay un sector que prefiere derogarla.  El gran problema de la normativa es que ha impactado negativamente a la hora de ir a alquilar una vivienda, con precios que se elevaron y requisitos cada vez más prohibitivos.

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“Esto no sorprende a nadie, son los mismos de siempre que piden libertad de mercado y que no haya intervención entre el propietario y el inquilino. Desde el minuto 1 le molestan las regulaciones al respecto”, indicó Matías Solano, referente de la asociación de inquilinos de Santa Cruz en diálogo con TiempoSur.

“Muchos decían que la ley era perjudicial. Así que tomando eso hemos solicitado que se modifique la ley para mejorar la situación de ellos. Hemos pedido que se regule el precio inicial de alquileres, que se imponga un impuesto a la vivienda vacía y la ley que ya está se controle. Hay una hipocresía en el discurso de la oposición, en cuanto a dicen que la ley es perjudicial, pero quieren derogarla. Hacerlo es dejar sin regulación al sector, y ya sabemos que pasa. Se aprovechan los más fuertes de los débiles”, lanzó el entrevistado.

“A nadie sorprende. Esperemos que no lo logren y se profundice el cuidado el sector vulnerable, que es la familia que alauila. Hay que trabajar en el acceso de la vivienda digna a través del alquiler”.

Derogarla

La oposición elevó este viernes una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para solicitar una sesión especial para el 5 de abril, para tratar la derogación de la Ley de Alquileres y la ayuda a productores de Corrientes y Misiones afectados por los incendios.

“El Congreso no puede seguir paralizado, esperamos apoyo de toda la oposición”, señaló el presidente del bloque radical, Mario Negri.

El pedido de sesión es para el martes 5 de abril a las 12, con el objeto de tratar tres proyectos para derogar la Ley de Alquileres y otro que declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por el término de un año, prorrogable por igual plazo en todo el territorio de las provincias de Corrientes y de Misiones, afectados por la sequía y los incendios acaecidos desde el mes de diciembre de 2021.

Modificaciones

La iniciativa impulsada por el diputado José Luis Gioja propone además que el precio inicial del alquiler de inmuebles destinados a vivienda tendrá un tope del 20% adicional al que corresponde con el ajuste anual, y un 10% en el caso de la renovación de los contratos.

El proyecto busca modificar la ley impulsada en 2019 por Cambiemos -sancionada en 2020- que cambió aspectos esenciales del contrato de locación de inmuebles, y que generó el rechazo tanto de inquilinos como de propietarios.

Entre las modificaciones, esa ley estableció que los contratos de alquileres son de tres años -en lugar de dos años como en la ley anterior- y la actualización anual de los valores a través de un índice (ICL) que publica el Banco Central y que combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales.

La iniciativa parlamentaria del diputado Gioja incluye un punto importante que beneficia a las personas registradas en el Régimen del Monotributo y es que los que otorguen seguros de caución deberán aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificado para pequeños contribuyentes (Monotributo) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos seis meses, ni podrán cobrarles más que a tomadores que fuesen empleados en relación de dependencia.

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Atendiendo la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, el exgobernador sanjuanino agrega un ítem en su propuesta relacionado con esto y es que el Consejo Nacional de la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinados a la gestión pública de alquileres sociales, como así también elaborar un modelo de proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los inmuebles que podrían destinarse a la vivienda y que se encuentran deshabitados.

El proyecto de Gioja, según se desprende de sus propias declaraciones, tiene dos objetivos: por un lado, mejorar el acceso a la vivienda y, por el otro, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos.