La Justicia sigue investigando a Ricardo Luna

Los cuerpos carbonizados de las víctimas recién pudieron ser velados por separado a partir del jueves en distintas salas e inhumados el viernes en el cementerio de Caleta Olivia, en medio de profundas muestras de dolor de familiares, allegados y otros vecinos que habían participado en dos marchas por calles céntricas para exigir el esclarecimiento del incendio intencional y que se castigue al o los responsables.

Por ahora hay cuatro sospechosos que, por orden de Malena Totino, quien subroga el Juzgado de Instrucción N°1, fueron detenidos en allanamientos simultáneos ejecutados el miércoles por policías de la División De Investigaciones (DDI).

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Se trata de dos hermanos de apellido Gallardo y otros jóvenes de apellido Rementería y Gil –todos mayores de edad-, quienes el jueves prestaron declaración indagatoria y continuarán en calabozos de distintas comisarías hasta que se resuelva su situación procesal en un plazo legal de diez días hábiles que comenzaron a correr en esa misma jornada.

Pero no será la jueza subrogante quien dicte la resolución sino el titular del Juzgado, Gabriel Contreras, quien a partir del 23 de enero retomará sus funciones.

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Grabaciones y presunciones

En tanto, se desconoce el contenido de las declaraciones de los cuatro sospechosos y la carátula de la causa debido al estricto secreto de sumario, pero se presume que de manera provisoria la calificación legal podría ser “homicidio triplemente agravado” fundamentada en el informe pericial de los bomberos especialistas en siniestros que determinó que el fuego se inició de manera intencional en la vivienda de una sola planta que no contaba con servicios de electricidad y gas.

Asimismo, se pudo conocer que la detención de los cuatro sospechosos se debió en parte a registros de una cámara de video perteneciente a una empresa maderera que se encuentra en las inmediaciones, precisamente en el aledaño barrio Industrial y que está direccionada hacia el barrio 17 de Octubre.

En las grabaciones captadas esa madrugada, entre las 04:00 y las 05:00, los investigadores observaron que hubo varios automóviles, camionetas y hombres que se desplazaron por la calle Madroñán donde está situada la casa incendiada en la que residía Ricardo Luna (23), su pareja y los pequeños hijos de la mujer.

Las fuentes consultadas revelaron que, a poco de divisarse las llamaradas, se observó que cuatro hombres se retiraban de manera apresurada por esa calle.

Si bien sus rostros no son visibles nítidamente, sus fisonomías fueron chequeadas con datos cruzados de identidades y automotores que maneja la DDI, que además realizó numerosas consultas a vecinos que se animaron a dar algún testimonio.

Pero, aun así, por ahora no puede probarse que los cuatro sospechosos detenidos sean los autores del incendio ya que bien pudieron haber pasado por ese lugar cuando comenzó el fuego y optaron por alejarse rápidamente para no verse comprometidos.

Es por ello que Ricardo Luna, quien dio tres testimonios en una comisaría y fue indagado una vez por la jueza Totino, sigue estando bajo sospecha.

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Denuncias de amenazas

Axel Fernández y Juan Pacheco, los jóvenes que fueron anteriores parejas de Natasha Schumacher y padres de los niños fallecidos (Lautaro y Karin), fueron recibidos poco antes del mediodía del viernes por el fiscal de la causa, Gustavo Quiroga, quien los interiorizó sobre el avance de las investigaciones.

Al concluir la reunión, ambos reiteraron las situaciones de amenazas a las que estaba sometida la madre y también los pequeños.

Pacheco contó que en cierta ocasión su hijo Lautaro había enviado un audio vía WhatsApp a su tía utilizando el teléfono celular de su mamá, contándole que Luna los maltrataba y amenazaba con un arma de fuego, prueba que ya había puesto a disposición de la Justicia.

Ambos venían reclamando desde hace mucho tiempo la tenencia de los niños, pero nunca la lograron, por lo cual luego de la tragedia coincidieron en señalar que el sistema de trabajo que despliega la Oficina Municipal de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes “no funciona para nada”.

Las declaraciones que posteriormente hizo sobre este caso puntual la titular de ese organismo, Cecilia Florentín, al ser reproducidas por medios periodísticos generaron fuertes críticas de la comunidad.

Sin embargo, la funcionaria procuró atribuir responsabilidades a la prensa e irónicamente dijo a través de un programa radial que estaba dispuesta a dar clases particulares a los periodistas para redactar noticias. (Fuente y foto: El Patagónico)