Indagatoria a un abogado por estafa a jubilados

Tras el pedido de la Fiscalía Federal de Caleta Olivia, a cargo de Lucas Colla, el 28 de abril pasado el Juzgado Federal de esa jurisdicción ordenó la indagatoria de un abogado, su esposa y su hijo, acusados de estafas reiteradas a jubilados en al menos 16 oportunidades y defraudación administrativa en por lo menos cuatro casos. Esos delitos concurren a su vez con la imputación por lavado de activos y asociación ilícita.

El abogado asistía a los jubilados en juicios por reclamos en torno a las diferencias originadas en la falta de actualización de las remuneraciones de beneficiarios del Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones. Está acusado de quedarse con un porcentaje superior a lo establecido por la sentencia luego de ganar un litigio, mientras que en otros casos directamente se quedaba con el total del dinero sin avisarles a sus clientes y aprovechando su condición de vulnerabilidad por su avanzada edad.

La investigación, que desde el 2017 llevaba adelante el Ministerio Público Fiscal, se reactivó luego que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal hiciera lugar el 31 de marzo de este año al recurso de casación interpuesto por el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, para que se continúe con la tramitación del caso. La causa había sido declarada nula el 10 de diciembre de 2019 por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, luego de un recurso de apelación presentado por la defensa.

La Fiscalía comenzó el 23 de agosto de 2017 una investigación preliminar a raíz de la denuncia de una persona que adujo el cobro compulsivo por parte de su abogado previsionalista, de los honorarios por sus servicios profesionales prestados en carácter de representante en juicios de reajuste de haberes contra la ANSeS. Asimismo, el denunciante también dejó sentado la existencia de otros casos similares, de personas representadas por el letrado, a las que les cobraba un pago que excedía lo dispuesto por el Tribunal que intervenía en los procesos previsionales.

Con ese material, la Fiscalía elaboró la hipótesis sobre la existencia de un “fenómeno criminal” centralizada en el proceso de identificación de rasgos peculiares que daban cuenta de información coincidente en cuanto al modus operandi del abogado. En ese sentido, el Fiscal Federal requirió a la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) para que interceda ante las autoridades que correspondiese  para que se arbitren los medios necesarios para obtener información respecto de todas las causas en las que intervenía el acusado.

En ese sentido, luego de los 110 testimonios recabados, el Fiscal solicitó el llamado a indagatoria a ocho personas: uno de ellos era el abogado. Reclamó que se lo indague por 16 hechos de estafa; cuatro hechos de defraudación administrativa y un hecho de lavado de activos.

Además, solicitó la indagatoria de cuatro personas que trabajaban con el letrado y tres familiares directos del abogado que habrían pretendido disimular la calidad ilícita de los fondos dándole ingreso a su patrimonio con apariencia de licitud. La maniobra se habría dado mediante la adquisición de bienes registrables y la participación en inversiones, las cuales resultarían incompatibles con sus ingresos declarados.