Nuevo debate

Incertidumbre por los alquileres en Santa Cruz

Tras la confirmación de la obligatoriedad de registrar los contratos de alquiler en AFIP, desde “Inquilinos Unidos” celebraron la medida, aunque en las últimas horas comenzaron a aumentar los precios y los vecinos se quejan. Hay buenas y malas con la medida.

Los alquileres subirían luego de la medida en la AFIP.
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Polémica en puerta por los alquileres en Santa Cruz. Sucede que la AFIP reglamentó el régimen de registración de los contratos de alquiler. En la práctica, esto significará que tanto propietarios, inmobiliarias o inquilinos podrán formalizar el contrato. Así, queda finalmente reglamentada la totalidad de la Ley de Alquileres, vigente desde el primero de julio del 2020. Además, el objetivo del organismo que preside Mercedes Marcó del Pont es que "se cumplan las obligaciones fiscales", que según las asociaciones de inquilinos, el 80 por ciento de los contratos se realiza en la informalidad.
En caso de que las inmobiliarias o propietarios se nieguen a hacerlo, el régimen también prevé que quienes asuman el carácter de locatarios o arrendatarios podrán informarlo en forma voluntaria. ¿Qué ocurre si el propietario no quiere avanzar en la registración? “Es un delito”.

 

La reacción

La primera de las reacciones llegó con un comunicado de prensa de “Inquilinos Agrupados”, con acompañamiento de “Inquilinos Unidos” en Santa Cruz, desde donde vieron con buenos ojos la medida e indicaron lo siguiente.

“A partir del 1º de marzo será obligatorio registrar los contratos de alquiler en AFIP.

La AFIP reglamentó el artículo 16 de la ley 27551 (Ley de Alquileres).

Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados, manifestó: “Con el registro de contratos de alquiler en AFIP se abre una nueva etapa en las políticas de vivienda en Argentina. Ahora se podrá saber quiénes conforman el negocio del acceso a la vivienda y quiénes alquilan y bajo qué condiciones. Medida fundamental para que los gobiernos puedan llevar adelante políticas públicas para mejorar las condiciones del acceso a la vivienda. Por último, con esta medida, se termina la posibilidad del incumplimiento de la ley de alquileres. Estamos muy orgullosos de la ley de alquileres y la seguiremos defendiendo hasta que se implemente y se controle en su totalidad”.

Según la reglamentación de la AFIP que se publicará, todos los contratos de alquiler celebrados por escrito o palabra a partir del 1º de julio de 2020 para vivienda deberán ser registrados en AFIP.

Esto podrá llevarse adelante por los propietarios (quienes están obligados), los intermediarios (inmobiliarias) o los inquilinos.

En un mercado que se calcula el 80% se maneja en la informalidad es fundamental esta medida para terminar con una evasión multimillonaria, para que los inquilinos reciban facturas y puedan hacer cumplir sus derechos.

Además, los propietarios que quieran llevar adelante juicios de desalojos deberán haber declarado el contrato de alquiler previamente”.

Aumento y quejas

Sin embargo, en las últimas horas el marcado inmobiliario comenzó a moverse con subas en los previos de los alquileres y los vecinos e inquilinos no tardaron en hacer oír su voz, indicando que finalmente el aumento que tendrán los propietarios de alquileres en impuestos será luego trasladado al precio de los alquileres, por lo que quienes perderán en el final del camino son los inquilinos en medio de una inflación que no afloja.
Mariano García Malbrán, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), dijo que a quienes pretendió beneficiar la ley, que a nuestro entender son los inquilinos, se podrán ver perjudicados por una menor oferta de bienes en locación. Además, el contraste con una enorme demanda y el traslado de modo indirecto de los costos impositivos al valor del alquiler generarán sin dudas un aumento importante de los montos de los alquileres”.
Cabe recordar que el Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el Coronavirus.

Lo hizo mediante el Decreto 66/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional.
 


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