Hace un año atrás: Las diferencias en los contagios y restricciones

La provincia de Santa Cruz se encuentra, por ahora, en Riesgo Bajo, o color verde según el semáforo epidemiológico.

Esto sucede a una semana de las PASO, que se realizarán con estrictos protocolos sanitarios.

Como publicó TiempoSur, agosto fue el mes con menor cantidad de contagios de este año, con una caída en la detección de personas infectadas que comenzó en junio y continuó en caída, como así también los fallecimientos por COVID-19.

La obvia explicación es la vacunación que inició el 29 de diciembre de 2020 y se aceleró durante los últimos meses, especialmente en agosto, con más de 318 mil dosis aplicadas a la fecha.

Hace un año la situación era otra. Para poder visualizar la diferencia entre un contexto y otro, se analizaron los casos del 30 de agosto al 5 de septiembre de ambos años.

La primera diferencia que se observó fueron los casos activos: 1.500 el año pasado frente a los 227 actuales.

Sucede que en septiembre del 2020 iniciaba de a poco el brote de Coronavirus en toda la provincia, que tuvo como epicentro en Río Gallegos, y se dispersó luego para las demás localidades, teniendo el pico de casos en enero de este año con más de 8.700 casos positivos.

En el tramo analizado, la capital santacruceña alcanzó los 504 casos en solo siete días, y solo 29 casos en la actualidad. Es decir, más del 95% de los casos fueron detectados en Río Gallegos en 2020.

En detalle, la situación epidemiológica señalaba hace un año que había cinco localidades con trasmisión  comunitaria. Actualmente, solo Río Gallegos mantiene esta situación.

Hace tres días atrás el ministro de Salud, Dr. Claudio García, informó que Santa Cruz tenía el más bajo índice de ocupación de camas Terapia Intensiva.

Hace un año, el porcentaje de ocupación no era alto, del 41%, pero de a poco se incrementaba.

También se debe tener en cuenta que no se conoce lo mismo sobre el virus ahora, que hace un año atrás.

Quizás por eso el 31 de agosto, a través del Decreto Provincial N° 1032/2020, el Gobierno Provincial adhirió al DNU N° 714/2020 de Presidencia de la Nación, que estableció el distanciamiento social, preventivo y obligatorio para todas las localidades del territorio provincial, con limitaciones especiales para Río Turbio y 28 de Noviembre y el aislamiento social, preventivo y obligatorio para Río Gallegos hasta el 20 de septiembre inclusive.

Estaban prohibidas las reuniones sociales, tanto en espacios cerrados como al aire libre.

Se había limitado la circulación por finalización de DNI, los supermercados funcionaban de 8:00 a 19:00, los comercios de cercanía y farmacias hasta las 21:00 y el delivery hasta las 22:00.

La circulación estaba controlada a tal punto que había un horario “en beneficio de la salud y bienestar psicofísico de las personas” en el que se permitían “salidas en carácter de esparcimiento”, que se podrían efectuar con una duración máxima de 60 minutos por día entre las 12:00 y 16:00, sin alejarse más de quinientos metros (500 m) de la residencia. (No se permitía usar transporte público o vehicular y se debía guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones no menor de 2 metros salvo en el caso de niños y/o niñas de hasta 12 años de edad, quienes debían realizar la salida sólo en compañía de una persona mayor conviviente).

Tampoco se podían utilizar para la salida de esparcimiento plazas, parques, circuitos y/o paseos públicos existentes en la localidad.

Obviamente no había el dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades; ni eventos públicos y privados: sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que impliquen la concurrencia de personas. Tampoco centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.

Servicio de transporte público urbano y el turismo.

 Al día siguiente de este Decreto, el 1 de septiembre, la gobernadora Alicia Kirchner le pidió la renuncia a los directivos de SPSE, que habían participado de una supuesta reunión social (asado) y habían incumplido las restricciones.

Nicolás Michudis dejó de ser en ese momento el presidente de SPSE e intervino la Justicia Federal.