Informe nacional

Fueron crímenes de odio

Se presentó el último estudio del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, motivados por discriminación por orientación sexual, expresión e identidad de género.

Distribución etaria de los crímenes de odio.
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El Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, gestionado por la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación junto a la Federación Argentina LGBT,  presentó su Informe Anual, que abarca el período 1 de enero-31 de diciembre del 2020, que da cuenta sobre 152 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para la vulneración de derechos y la violencia.

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2020, el 84% de los casos (127) corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros); en segundo lugar con el 12% (19) se encuentran los varones gays cis; en tercer lugar con el 3% de los casos (4) le siguen las lesbianas; y por último con el 1% (2) los varones trans.

De todos los crímenes de odio registrados, el 57% de los casos (86) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos, suicidios y muertes por ausencia y/o abandono estatal histórico y estructural; y el 43% restante de los casos (66) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte.

Las franjas etarias más afectadas son la de personas de 20 a 29 años y de 30 a 39.

Este dato, en el caso de las mujeres trans asesinadas, coincide con la esperanza de vida para este grupo expresada en la investigación "La transfobia en América Latina y el Caribe", realizada por la Redlactrans que concluye en relación a ello:

"(...) los promedios de esperanza de vida según los datos que poseen algunas referentes arrojan un mínimo de 35,5 y un máximo de 41,25 años.

Mientras tanto la esperanza de vida en Latinoamérica (de las personas cis) ronda los 75 años".

En cuanto a la distribución geográfica de los crímenes de odio producidos en Argentina, el porcentaje más alto -34,21%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 14,47% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 8,55% la provincia de Córdoba; y posteriormente con el 6,58% Santa Fe.

En quinto lugar, con el 5,92% del total de los casos se encuentran la provincia de Salta; le siguen Catamarca, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero con el 3,95% cada una; luego con el 1,97% cada una, Misiones y Mendoza. Posteriormente, con el 1,32% por jurisdicción se ubican respectivamente las provincias de: Chaco, La Rioja, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz. Por último, con el 0,66% que representan un caso por provincia: San Luis, Corrientes, Neuquén y

Chubut. En el 1,32% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos.

Desde el Observatorio indicaron que la situación de extrema vulnerabilidad de las personas trans, de la que dan cuenta estos números, se profundizó con la pandemia. Entendemos que en el contexto de crisis económica y sanitaria actual, gran parte de los habitantes del país vieron sus ingresos sensiblemente reducidos. Pero esta situación en la población trans se maximizó exponencialmente, ya que la mayoría ejerce el trabajo sexual como única forma de subsistencia, junto con otras prácticas de la economía informal. Al no poder salir a la calle, se genera un efecto en cadena: sin dinero, les falta el alimento y no pueden pagar el alquiler, por lo tanto, quedan desprotegidas, y con el riesgo permanente de ser desalojadas.

Y añade: “Sabemos que hay medidas que se llevaron adelante desde el Estado Nacional para contrarrestar esta situación, a nivel general, como el decreto 320/2020, el cual buscó suspender los desalojos de inquilinos/as por falta de pago, a través de la prórroga de los contratos y el congelamiento del precio de los alquileres; como a nivel particular con el Decreto el Cupo Laboral Trans en el sector público, establecido por el presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

No obstante, sostuvieron que todavía queda mucho por hacer por parte del Estado para garantizar la igualdad de todas las personas de la comunidad LGBT+, y en particular de la población trans en Argentina, es por eso que desde este informe se hacen una serie de recomendaciones para generar cambios legislativos y políticas públicas, como la Ley Integral Trans y la actualización de la Ley Antidiscriminatoria a nivel nacional, entre otros.


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