Fue despedida en pandemia, la Jueza Federal desestimó reincorporación y pidió informes a sus jefes

El 19 julio de 2019 mediante la Resolución 1291 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados-PAMI- se designó a María Candela Pittacolo en la Unidad de Gestión Local (UGL) de Santa Cruz, en el cargo de Coordinadora.

Luego, el 28 de febrero, y dado el cambio de autoridades nacionales, mediante otra Resolución, la 767, la reubicaron y quedó a disposición de la UGL.

Pero a fines de abril, cuando Pittacolo acudió al cajero a percibir su salario se encontró con una liquidación final.

Previamente había firmado la declaración jurada para realizar su labor desde su casa debido al aislamiento social y obligatorio y le correspondía la licencia por el DNU nacional.

“No había ni un telegrama de despido ni notificación previa, e incluso mandé mails a Recursos Humanos pero no tuve respuestas”, contó a TiempoSur.

Ante esta situación, su abogado presentó un amparo en el Juzgado Civil de Caleta Olivia, en donde solicitó a la jueza Marta Yáñez el dictado de una medida cautelar, atento a que el despido fue en época de pandemia, prohibido por DNU y que fue extendido la semana pasada, pero además porque Pittacolo gozaba de estabilidad laboral.

“Me echaron sin notificación en plena pandemia”, advirtió.

Pero la magistrada según la notificó ayer, desestimó la medida cautelar. “No encontrándose prima facie acreditado que la amparista se encuentre comprendida en un sector socialmente vulnerable, o se hallase comprometida su vida digna, salud o un derecho de naturaleza alimentaria, al pedido de dictado de medida cautelar”, señala el escrito.

Sin embargo, la magistrada resolvió además que el PAMI elabore un informe para presentar en los próximos tres días que “dé cuenta del interés público comprometido y se expida acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida cautelar solicitada (art. 4 Ley 26.854)”. Es decir, el instituto estatal deberá informar cuál es la situación de Pittacolo.

También Yáñez pidió “en el plazo de cinco días, ampliados en cuatro más en razón de la distancia, evacue el informe previsto en el art. 8 de la Ley 16.986”.

“El Presidente volvió a extender el DNU que impide despidos y suspensiones y hubo cautelares ordenadas de empresas privadas que fueron positivas, pero en este caso no, que me echaron a mí y a otro compañero abogado”, indicó.

POLÍTICO

Pittacolo fue candidata en la lista de Diputada por el Pueblo de San Julián dentro de la Agrupación “Consenso” del PRO. Estima que su cesantía es un tema “político”.

“Es injusto porque se supone que existe un DNU vigente, pero además no recibí ningún mail ni ninguna notificación que dejo de prestar servicios”, insistió y sostuvo que “hubo ingresos de 10 personas en el PAMI, cuando no deberían por la pandemia”.